Regresa tensión Gobierno vs. Poder Judicial por aumentos

La Jefatura de Gabinete de ministros rechazó, de manera formal, un cambio en las partidas presupuestarias para otorgar un aumento salarial acordado entre la Corte Suprema y el gremio que representa a los trabajadores judiciales. La tensión vuelve a tener protagonismo en un contexto de medidas de fuerza de los sindicatos y luego de que el máximo tribunal hiciera cesar en su cargo a la jueza Ana María Figueroa, a quien el oficialismo impulsaba para una renovación por cinco años más. Un panorama que además cuenta en el paisaje con el juicio político que el Gobierno continúa tramitando en Diputados.

El primer antecedente fue en mayo pasado cuando la Corte requirió el cambio de partidas por aumentos pero el jefe de Gabinete Agustín Rossi lo rechazó de plano y les sugirió utilizar fondos propios, en un alusión al Fondo Anticíclico que administra el máximo Tribunal. Lo que ahora se discute es el tercer tramo de la recomposición salarial acordada principalmente con la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y la Corte. Su presidente, Horacio Rosatti solicitó el pasado martes que se ejecutaran las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes para disponer de los fondos para el incremento de 6.5% retroactivo a partir del 1 de julio para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial. Es un punto y medio por debajo que la pretensión sindical pero con la promesa de que en los siguientes meses acompañarán los incrementos el índice inflacionario.

Sin embargo, el Gobierno hizo “copy -paste” de la misma respuesta brindada en mayo pero sí incluyeron la referencia a que la Corte “ha incrementado, a la fecha, sus disponibilidades en cuentas bancarias y plazos fijos”, en clara referencia al Fondo Anticíclico que continúa multiplicándose de la mano de la tasa de los plazos fijos. Es una vieja tensión que ya había atravesado el gobierno de Cambiemos y se profundizó con el enfrentamiento de la administración de Alberto Fernández con la mayoría de los jueces del Tribunal.

“Tratándose de un poder independiente no corresponde en esta órbita interpretar las necesidades salariales de Magistrados, Funcionarios y empleados, sino establecer las herramientas que permitan atender los requerimientos de las distintas jurisdicciones. Debe considerarse que los aumentos salariales planteados impactan de igual manera en los haberes del personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación, debiendo ser atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante”, es el texto de la nota que Rossi envió como respuesta y que promete encender un nuevo foco de conflicto.

Inmediatamente conocida esta réplica, se dispuso una serie de medidas de fuerza que comenzarán hoy mismo si no se acreditan los aumentos. Adujeron que no existen diferencias con respecto a otros trabajadores de otras áreas o poderes del Estado, y desde instancias judiciales contestaron que esta demora “compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.