Remedios: detectan más troqueles falsos en repartición oficial

La Justicia sospecha de la posible falsedad de una serie de troqueles secuestrados el viernes pasado, durante un allanamiento realizado en un organismo del Ministerio de Salud encargado de reintegrarles a las obras sociales sindicales el valor de los tratamientos médicos más costosos. El operativo fue ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por la denominada «mafia de los medicamentos» e incluyó un total de 42 allanamientos en alrededor de 26 obras sociales, además de en la Administración de Programas Especiales (APE). En la otra causa que investiga delitos similares, pero que instruye Claudio Bonadío, fueron indagados dos directivos de la APE y un auditor médico de la obra social de Camioneros (Oschoca), que preside Hugo Moyano.

Investigación

El expediente de Oyarbide investiga una posible asociación ilícita entre dirigentes sindicales, funcionarios de la APE y directivos de droguerías.

Los troqueles hallados en la APE -donde se secuestró un total de 106 expedientes de reintegros- se suman a los 200 secuestrados por otro juez federal, Bonadío, en la Oschoca, y que una pericia constató como falsificados. Este juez instruye una causa por presunta defraudación a la administración pública a través del cobro presuntamente irregular de reintegros de la APE por parte de la entidad médica de los camioneros.

En este expediente y de manera reservada, Bonadío ya indagó en los últimos días a dos directivos de la APE, a un auditor médico de Oschoca y al principal proveedor de la obra social de choferes. El viernes pasado fue el turno de Hugo Sola, ex mandamás de la APE y hombre de confianza de Moyano hasta el nombramiento del actual administrador general del organismo, Daniel Colombo Russell, también abogado de los camioneros. Y el lunes fue indagado Hugo Fuentes Mariani, otro directivo de la APE.

En tanto que el martes de la semana pasada Bonadío llevó al juzgado a Daniel Lombardero, auditor médico de Oschoca. Fue la primera vez que un directivo del gremio de Moyano pisa Tribunales por esta causa. Durante cuatro horas, Lombardero, uno de los encargados de autorizar los gastos de la entidad, brindó una detallada explicación de su labor en la obra social y le dijo al magistrado que resulta prácticamente imposible para una entidad de salud gremial verificar la autenticidad de los troqueles de los medicamentos. La semana que viene deberá ir al juzgado otra auditora médica.

Este lunes también debió presentarse Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana, la principal proveedora del gremio de Moyano. Hendler, junto a su abogado Carlos Arslanian, se presentó ante Bonadío, se negó a contestar preguntas y dejó un planteo con el que intentará apartar al juez de la causa. Una acción similar a la que llevó a cabo la defensa de Moyano, con el propósito de que Oyarbide termine por ser el único juez a cargo de las investigaciones, pero a través de pedidos de recusación de Bonadío que no fueron atendidos.

Escucha telefónica

Arslanian presentó un pedido de «excepción de falta de acción por litis-pendencia», que implica reclamarle a un juez abandonar una investigación por entender que uno de sus colegas impulsa una causa por los mismos delitos.

Las dos causas cobraron fuerza a partir de una escucha telefónica de una conversación entre Hendler y Alexia Bergalli, directiva de la droguería Del Plata. En la charla, Hendler le consulta a su colega si le puede facilitar 19 troqueles que al parecer se habían «perdido» en la obra social de Camioneros de una droga oncológica, Erbitux.