Remediosgate: sigue hoy indagatoria a aportante K

Norberto Oyarbide

El titular de la empresa de auditorías farmacéuticas Globalphamarcy, Gabriel Brito, continuará hoy su extensa indagatoria por la causa que investiga el presunto tráfico de medicamentos adulterados.

El nuevo interrogatorio genera expectativas y temores, ya que Brito es una de las piezas que conectan la pesquisa del juez Norberto Oyarbide sobre la llamada mafia de los medicamentos con el financiamiento de la campaña electoral de Cristina de Kirchner y Julio Cobos en 2007. El dueño de Globalpharmacy fue uno de sus aportantes, con cuatro cheques por un valor total de $ 310 mil que, según él asegura, Néstor Lorenzo lo forzó a firmar. El dueño de la droguería San Javier está hoy preso en el penal de Marcos Paz, procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de remedios truchos a varias obras sociales sindicales, entre ellas, la Asociación Bancaria.

Brito esta imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita y extorsión. En el comienzo de su indagatoria el viernes pasado, el empresario apuntó directo al vínculo entre los negocios de las droguerías, las obras sociales y el organismo estatal dedicado a financiar estos tratamientos complejos, la Administración de Programas Especiales (APE).

En este punto, señaló al ex gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Néstor Vázquez, como el principal responsable de haber ideado «un sistema para obtener reintegros de las obras sociales». Hasta el momento ningún funcionario kirchnerista está formalmente imputado en el caso, pero el fiscal que impulsa la causa, Luis Comparatore, ya pidió hace varios meses que el juez indague a Héctor Capaccioli, titular de la SSS y recaudador de la campaña presidencial.

Por otro lado, las declaraciones de Brito generan bastante aprensión porque desde el año pasado el empresario intenta desligarse del caso y de sus conexiones con Lorenzo, subrayando la relación entre estos negocios y el financiamiento de la campaña. Desde que Lorenzo fue arrestado en septiembre pasado, Brito habló y habló mucho. Aseguró que él no había contribuido a la campaña voluntariamente, sino porque tenía una serie de deudas con el dueño de San Javier, quien le había pedido que firmara esos cheques ahora investigados por la Justicia «para cubrir a Capaccioli».

Su autodefinición pública como un «preso político» y el pedido de seguridad para él y su familiar sólo refuerzan el alto voltaje de lo que Brito puede llegar a declarar hoy.