Remediosgate: tres excarcelaciones

Juan José Zanola

Tres acusados en la causa en la que se investiga la denominada «mafia de los medicamentos» fueron excarcelados por la Justicia. Se trata del dueño y dos colaboradores de la droguería Arcasel, uno de los tramos del expediente que el juez federal Norberto Oyarbide elevó a juicio oral días atrás. Los imputados hasta anoche no habían recuperado su libertad al no haber reunido las cauciones que les fijó el tribunal oral que los someterá a debate. De este modo, de la megacausa original sólo queda uno de los acusados en prisión.

La Cámara Federal porteña ordenó las excarcelaciones de Ricardo Bruno, propietario de Arcasel; de su colaboradora Vanina Postigo, y del gerente Fabio Ferreira, procesados por integrar una supuesta asociación ilícita dedicada a la venta de sustancias peligrosas para la salud y al fraude a la administración pública. El tribunal revirtió la decisión de Oyarbide de mantenerlos en prisión a la espera del juicio más allá de los dos años que marca la normativa, por entender que el magistrado no probó de qué manera los sospechosos podrían entorpecer el curso de la investigación.

El Tribunal Oral Federal 3, que tendrá a su cargo el juicio, les fijó a Bruno y a Postigo una caución de 250 mil pesos y a Ferreira, de 40 mil. Hasta anoche ninguno de los tres había conseguido el dinero.

Críticas

En lo que constituye una costumbre a lo largo del expediente, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, criticaron el trámite llevado adelante por Oyarbide también en esta etapa. Tras señalar que «recién el pasado 4 de septiembre» el magistrado inició el camino hacia el juicio oral, los camaristas destacaron: «Pese a la celeridad encomendada ha pasado más de un año desde que se sugiriera la profundización de la encuesta en tal sentido (la distribución ilícita de medicamentos) y poco más de cuatro meses desde que se insistiera sobre la necesidad de avanzar con rapidez».

La investigación sobre Arcasel arrancó por una denuncia del Instituto Nacional de Medicamentos por un envase del remedio «Kaletra», usado contra el sida, cuyo hallazgo derivó en decenas de allanamientos.

En la misma droguería, producto de los operativos, fueron encontrados otros productos, así como envases y etiquetas falsas y miles de troqueles supuestamente truchos que habrían tenido como destino fraguar expedientes para el cobro de reembolsos.

En el expediente también fueron excarcelados otros acusados, como el exjefe de la Asociación Bancaria Juan José Zanola y su pareja, Paula Aballay, así como la exdirectiva del Policlínico Bancario Susana Fionna, quienes permanecieron dos años en prisión. El único imputado que sigue detenido es el expolicía y empresario José Luis Salerno, señalado por la presunta venta de medicamentos adulterados o robados.

En el juzgado de Oyarbide explicaron que otros dos sumarios ligados a la misma investigación entraron en la senda de la elevación a juicio oral.