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Reto de Magistratura a juez que avaló cumbre PJ disidente
Diana Conti
La resolución de otorgar una sanción de advertencia a Maqueda -objetada por el estamento de los jueces, que proponían desestimar el caso- se basa en una denuncia por presuntas irregularidades en la investigación a cargo del juez de una causa por corrupción contra los Rodríguez Saá. El magistrado había sido acusado de no agotar todas las medidas para iniciar un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito contra el actual gobernador de la provincia y su hermano. Según el dictamen de mayoría, propuesto por la consejera oficialista, Maqueda no sería imparcial en sus investigaciones por «la estrecha vinculación que se evidencia entre el magistrado Maqueda y su familia con los hermanos Rodríguez Saá».
El juez ya había sido multado en octubre pasado con el 30 por ciento de su sueldo, por apartarse de las normas vigentes al convalidar el congreso de Potrero de los Funes, del PJ disidente, en julio de 2007. La convención había sido organizada por los Rodríguez Saá, Carlos Menem, Ramón Puerta y Jorge Sobisch, como una forma de oponerse al control kirchnerista del partido, de cara a las elecciones presidenciales de 2007.
Denuncia
El autodenominado Comando Superior Peronista decidió trasladar la sede del PJ a San Luis, dictar la caducidad de todos los cargos partidarios, para redefinirlos ellos, lo que fue convalidado por Maqueda en sólo horas. El fallo fue revocado por la jueza electoral María Servini de Cubría, por el juez federal Ariel Lijo y ratificado por la Cámara Electoral, así como trámites que desencadenaron una denuncia por presunto «grave desconocimiento del derecho» en el Consejo, que puso al magistrado al borde del juicio político. Esta nueva advertencia complica más su situación, a la que se le suma una tercera acusación, vinculada a la caída de beneficios del Régimen de Promoción Industrial para ciertas empresas, que todavía está en tratamiento en la Comisión de Disciplina y Acusación.
Por otro lado, esta delegación fue el centro de la discusión entre los consejeros abogados Santiago Montaña y Pablo Mosca, que trababa todas las elecciones de autoridades para las comisiones, ya que Mosca reclamaba ser parte de Disciplina y Acusación, en lugar de Montaña. Si bien en un primer momento el cuerpo se negó a opinar al respecto, ayer finalmente sometieron el conflicto a votación para poder avanzar. La iniciativa del ex presidente del Consejo (primero desde la reforma de 2007 y propuesto por el kirchnerista Carlos Kunkel, de quien después se distanció) perdió frente al voto del oficialismo (Kunkel, Diana Conti, Marcela Losardo, Marcelo Fuentes y Nicolás Fernández), más Montaña y el presidente actual, Luis María Bunge Campos. Mosca fue apoyado por el resto de los consejero, pero no alcanzó.
La Comisión de Disciplina y Acusación quedó conformada igual que antes, pero con una nueva presidenta: la kirchnerista Diana Conti, que ya la había presidido en 2007 y que habría sido designada directamente por Cristina de Kirchner. La delegación será central este año, en medio de la polémica por las demoras en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar y las denuncias de la oposición por la falta de avance en los casos de corrupción. Sumado a la iniciativa anunciada por la flamante presidente de Disciplina y Acusación de monitorear cómo los jueces actúan frente a los cortes de ruta, a partir de un expediente presentado el año pasado por el sindicalista moyanista Julio Piumato. Los otros dos presidentes de comisión elegidos ayer fueron el consejero académico Mariano Candiotti, para Selección, y Mosca fue reelecto (y como premio consuelo) en Reglamentación.


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