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Revés para el Gobierno de la Corte por La Rural
La Corte Suprema decidió mantener la cautelar que impide expropiar el predio de Palermo.
De este modo, el Gobierno deberá esperar la tramitación corriente de la causa en torno a la cuestión de fondo: la Justicia investiga si el espacio, de 12 hectáreas en el barrio de Palermo, fue vendido o no a "precio vil" a los privados. La operación se había concretado en los 90 por 30 millones de dólares, cuando una tasación realizada a instancias del sumario estableció su valor de mercado en 132 millones de dólares. Sobre la base de esa cotización la mandataria había decretado la estatización.
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, se había pronunciado a favor de la posición del Estado, es decir de tramitar una apelación contra el recurso de amparo vigente. En tanto que resolvieron mantener firme la cautelar los cortesanos Enrique Petracchi, Elena Highton, Juan Maqueda, Carlos Fayt y Carmen Argibay. En contra de esa posición se pronunciaron el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el juez Raúl Zaffaroni, quienes coincidieron en que la controversia tiene la "relevancia institucional" suficiente como para obviar una decisión por incumplimiento de plazos.
Según el voto mayoritario, el Estado "dedujo los recursos extraordinarios luego de que transcurrieran más de cuarenta días del dictado de la medida cautelar, conducta que en nada se condice con la trascendencia que en sus escritos asignó a la cuestión debatida en autos y que sustentó su solicitud de habilitación de la feria". Y agregó que no fue la Cámara en lo Civil y Comercial, que falló en la instancia previa en contra de la postura del Gobierno, "la que ha dejado en situación de indefensión" al Estado, "sino sus propios representantes", que dejaron pasar "la totalidad de los pasos procesales" y quedaron sin la revisión de la cautelar.
Lo resuelto ayer por la Corte gira en torno de los cuestionamientos del Gobierno a la Cámara Civil y Comercial, que en enero pasado rechazó una serie de planteos de los abogados del Estado. La estrategia gubernamental pasó por objetar la composición de la Sala de feria que intervino en el proceso en el verano, así como la intervención del propio fuero, por considerar que debía hacerlo el Contencioso Administrativo federal por tratarse de un decreto de estatización.


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