Revés para Kirchner: Corte ordenó reponer procurador

Eduardo Sosa se había convertido en 1995 en una fuente de contralor incómoda para el justicialismo santacruceño, y el por entonces gobernador Néstor Kirchner terminó desplazándolo del cargo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó ayer restablecer en su cargo al ex procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa, quien había sido desplazado de manera escandalosa en 1995 -mediante un artilugio legislativo- por el entonces gobernador Néstor Kirchner, luego de que se convirtiera en una foco de contralor incómodo para el oficialismo local.

La resolución del alto tribunal determina que el actual mandatario provincial, Daniel Peralta, debe reponer a Sosa en esa función -jefe de fiscales y defensores oficiales- en un plazo máximo de 30 días, bajo apercibimiento de sanciones penales por la posible comisión de un delito de acción pública.

El fallo busca dar una solución de «manera definitiva» al conflicto, cuestiona duramente al Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz e intima al Gobierno patagónico a «asumir delicadas responsabilidades institucionales».

«En atención a la persistente y reiterada reticencia por parte de las autoridades provinciales para disponer la reincorporación del actor en el cargo, cabe intimar a la provincia a que cumpla las decisiones recaídas en este proceso y, en consecuencia, haga efectiva la reposición de Sosa», sostuvieron los jueces.

«No va a haber un pronunciamiento oficial hasta que la provincia sea notificada formalmente, lo que hasta ahora todavía no ocurrió», advirtieron allegados a Peralta ayer ante Ámbito Nacional.

La orden de la Corte fue suscripta por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

Se trata, en rigor, de la tercera causa judicial que complica los intereses del Gobierno nacional, aunque en este caso la afectación impacta en lo personal sobre el ex presidente. Las otras dos causas son el caso Badaro (diciembre de 2007, respecto de la actualización de las jubilaciones) y el fallo sobre la libertad sindical (de noviembre de 2008 y que puso límites al monopolio sindical).

«Ante un abuso de poder manifiesto como el que ejerció el (ex gobernador) Kirchner, tiene que haber un límite», celebró en las últimas horas Sosa, y consideró que medidas como las que tomó el ex presidente con su desplazamiento se dan «cuando uno no quiere ser controlado». En esa línea, recalcó que «el Poder Judicial de la Nación ya había dicho que tenía que ser repuesto en el cargo y ahora en definitiva ordena que se cumpla ese fallo».

El por entonces gobernador Kirchner desplazó a Sosa de su rol de procurador en 1995, de la mano de una estrategia que incluyó el desdoblamiento del cargo por parte de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Pero Sosa no fue designado en ninguno de los dos nuevos cargos, por lo cual quedó virtualmente cesante, lo que disparó su larga batalla judicial. Las funciones hoy son cubiertas por el fiscal Claudio Espinosa y el defensor Domingo Fernández.

La abrupta salida de Sosa fue leída por esas horas en la provincia como un castigo por su decisión de impulsar una investigación sobre los honorarios que habría recibido un estudio de abogados por el cobro de millonarias regalías petroleras supuestamente mal liquidadas.

En octubre de 2001, la Corte ordenó reponerlo en su rol de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero la Fiscalía de Estado provincial se opuso. En esa oportunidad, alegó que la Ley 2404 -una norma local, a partir de la cual Sosa perdió su puesto- no había sido declarada inconstitucional en cuanto a la validez y subsistencia de los cargos de Agente Fiscal y Defensores de Pobres Ausentes e Incapaces.

En 2005 -durante el Gobierno del luego díscolo justicialista Sergio Acevedo-, el STJ local hizo lugar a un recurso del Fiscal de Estado y dispuso que, en lugar de proseguir con la ejecución de sentencia, se fije una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a Sosa, por 1.216.182 pesos.

Rechazo

Sin embargo, el funcionario desplazado rechazó la opción e interpuso un recurso ante la Corte Suprema, en el que recordó que en tres oportunidades -1998, 2000 y 2001 (con Kirchner al frente de la gobernación)- dicho tribunal había ordenado que fuera repuesto en su cargo de procurador.

Los vientos judiciales volvieron a virar ahora a favor de Sosa, ya que para la Corte el desdoblamiento del cargo no implica que la competencia del procurador se «suprimió, sino que tan sólo se dividió o desdobló».

«Se admitió que ningún agravio constitucional se habría ocasionado al demandante si se le hubiera asignado uno de los dos cargos en los que se habrían distribuido sus competencias originales», indicó el máximo tribunal, al mismo tiempo que recalcó que en ningún momento se lo reincorporó a Sosa a ninguno de los cargos.

«La nueva decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que rechaza la ejecución de la sentencia tal como fue requerida por el actor y la sustituye por una suma de dinero, se aparta manifiestamente de las claras y precisas directivas emanadas de esta Corte, en las distintas y reiteradas intervenciones que le cupo en la causa», reprochó el alto tribunal.

«Las consecuencias derivadas de la aplicación de normas y actos que comprometen seriamente el normal desenvolvimiento de instituciones fundamentales de la provincia no pueden ser reparadas mediante una indemnización, sino que requieren el restablecimiento del orden por ellas afectado», advirtió además.

En su resolución, la Corte libró oficio al juez federal de Río Gallegos, encomendándole «la notificación de esta sentencia en la persona del señor gobernador de la provincia».