Riachuelo: la Corte pide precisiones por escrito y ordena inspecciones

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La Corte Suprema de Justicia remitió a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), integrada por los estados Nacional, bonaerense y porteño y que preside el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, un cuestionario con 75 preguntas para que brinde precisiones sobre el programa de saneamiento de ese curso hídrico.

El máximo tribunal también envió pliegos de preguntas, pero más breves, al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación (AGN), y fijó el 15 de mayo próximo como última fecha para responder a los requerimientos.

La Corte analizará esas informes sobre «núcleos temáticos» y realizará una inspección judicial «terrestre y aérea» en la zona de la cuenca hídrica, antes de la audiencia que reanudará la del 16 de marzo último -cuando dispuso un cuarto intermedio en medio de una dura crítica a los funcionarios por las imprecisiones brindadas- y que en el acuerdo de esta mañana fijó para el 1 de junio.

«Se trata de un listado de preguntas muy específico», que apunta a «conocer detalles» ya que en sus exposiciones anteriores los representantes de los tres estados «brindaron explicaciones muy generales», afirmó una fuente vinculada al máximo tribunal.

También indicó que corresponde a la Acumar «concentrar en su representación la información concerniente al genuino y preciso grado de avance respecto de cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria fijados en el fallo definitivo» de la Corte, dictado el 8 de junio de 2008.

A ese ente pidieron detalles sobre la «información pública» de tareas efectuadas para la ejecución de esa sentencia, mediciones de calidad de aire y agua, contaminación y reconversión industrial, limpieza de márgenes, expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal, basurales y financiamiento y presupuesto, entre otros aspectos. La Defensoría del Pueblo de la Nación deberá responder acerca de las «restricciones» que tuvo en materia de acceso a la información pública sobre tres aspectos concretos: «Mejoramiento de calidad de vida», «Recomposición del medio ambiente» y «Prevención del daño».

La Corte le pidió a la AGN que «desarrolle los puntos de mayor relevancia que sostiene su conclusión acerca de que hubo una sub ejecución del programa» y que indique a qué lo atribuye.

Los jueces piden que aclare por qué en la última audiencia dijo haber auditado sólo el 9% de las asignaciones presupuestarias totales del Programa Integral de Saneamiento Ambiental.

También quieren saber qué pasó con un multimillonario préstamo del BID, aprobado en 1998, parte del cual, según la AGN, habría sido para otros destinos, y si tuvo «principio de ejecución» y «en qué medida» el «Fondo de financiamiento para la construcción de viviendas» en villas de esa cuenca, ideado por el Ministerio de Economía de la Nación.

La resolución fue dictada en la «Causa Mendoza», una demanda de pobladores de la cuenca del Riachuelo contra el Estado Nacional y casi medio centenar de empresas por los daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental, que afecta a millones de personas de la ciudad de Buenos Aires y partidos bonaerenses.

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