El secretario general del Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar Martínez, sostuvo que el gremio debió firmar el acuerdo que implica el congelamiento de los salarios hasta 2020 porque no tuvo "alternativas ante las amenazas de despidos" y consideró que los trabajadores del sector son "víctimas de una extorsión".
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"No nos dejaron alternativas ante las amenazas de despidos. Es como el chiste del prisionero que está condenado a muerte y acepta el ´dunga dunga´", subrayó el también diputado nacional.
El entendimiento fue firmado el lunes por el Gobierno nacional, el de la provincia de Tierra del Fuego, los fabricantes de terminales electrónicas y la UOM.
En declaraciones a Radio 10, Martínez subrayó: "La gobernadora Rosana Bertone venía siendo obsecuente con las políticas del Gobierno nacional, pero en esta circunstancia hizo una convocatoria para defender los puestos de trabajo".
Según el gremialista, los trabajadores del sector fueron "víctimas de una extorsión".
Admitió, en ese sentido, que se trata de "un recorte" de salarios y evaluó que también representa "una pérdida del poder adquisitivo". Recordó, en tanto: "Durante los años 90 fuimos condenados a no tener paritarias hasta 2004".
De ese modo, Martínez alertó: "Hemos sido presionados incluso con la posibilidad de la reducción del 30% de nuestros ingresos actuales".
El convenio, además de las cláusulas laborales, apunta también a mejorar los índices de productividad y bajar los precios de la tecnología para los consumidores, en un sector industrial muy afectado por decisiones oficiales.
El presidente de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas reconoció que dentro del convenio se suscribió un "acuerdo de paz social" que frena los despidos y las suspensiones también hasta junio de 2020.
En esa línea, ponderó que tanto el Gobierno nacional como la provincia, los empresarios y los trabajadores "aceptaron ceder algo".
"Acá no hay una regla para medir quién puso más, pero me parece que todos los sectores han puesto. El Gobierno nacional modificó el proyecto de reforma impositiva y aceptó una quita gradual de impuestos internos, la provincia mejorará aspectos logísticos y los trabajadores resignarán aumento salariales por dos años", resumió Hellemeyer.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, destacó el acuerdo y lo definió como "el inicio de una política industrial para Tierra del Fuego".
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