El exmandatario de derecha mantiene su rechazo al acuerdo con la guerrilla pese a las modificaciones realizadas. Las FARC denunciaron crímenes en su contra.
FIRMEZA. El mandatario Juan Manuel Santos, rodeado de colaboradores, advirtió ayer que no tolerará los ataques contra líderes sociales, a los que consideró un intento de debilitar el acuerdo con las FARC.
Bogotá - El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo ayer que su Gobierno no permitirá que "los violentos pongan en riesgo" la aplicación del acuerdo de paz con las FARC, al condenar la ola de violencia contra líderes sociales que vive el país y luego de que la oposición de derecha rechazara el nuevo pacto.
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"No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de la paz", declaró Santos al salir de una reunión sobre derechos humanos.
Junto a representantes de varios despachos de su Gobierno y organismos de derechos humanos, trató en ese encuentro los casos de asesinatos y atentados contra líderes comunales que se dieron en las últimas semanas y que fueron considerados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el regreso a una "guerra sucia".
"Estos hechos son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre nos trae a la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla", agregó.
El Gobierno colombiano y las FARC sellaron hace 10 días un nuevo pacto, que será firmado mañana en Bogotá, para poner fin al conflicto armado, tras incluir propuestas de los sectores que rechazaron el texto original en el plebiscito del pasado 2 de octubre, los cuales estuvieron liderados por el expresidente Álvaro Uribe.
Santos pidió "acelerar" la implementación del pacto, pese a que el lunes por la noche el exgobernante y ahora senador ratificó su rechazo incluso luego de las modificaciones incluidas.
"Esta incertidumbre, este limbo, va aumentando los riesgos. Por eso la urgencia de tomar decisiones. Es urgente pasar a la siguiente fase de agrupamiento y ubicación de las FARC en las zonas veredales (donde poco a poco entregarán sus armas) para garantizar el cese al fuego y dar también garantías a todos los ciudadanos" en esas zonas, dijo.
Uribe, por su parte, insistió "en un acuerdo nacional para introducir unas modificaciones al acuerdo ajustado entre el Gobierno y la FARC. El Gobierno negó la posibilidad de este acuerdo nacional sobre temas sustanciales".
Los opositores afirmaron que si no se incluyen algunos de sus pedidos en lo sellado hace una semana, que el Gobierno y las FARC calificaron de definitivo e inmodificable, lo acordado "es apenas un retoque del acuerdo rechazado por los ciudadanos".
Entre sus requerimientos expuestos está que no se permita la elegibilidad política de responsables de delitos atroces mientras cumplen sus penas, eliminar el narcotráfico como conexo al delito político y que el acuerdo no entre a la Constitución, entre otros.
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