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Sanz, a cargo de la denuncia del PRO contra Oyarbide
Norberto Oyarbide
El senador opositor deberá estudiar el expediente y evaluar si impulsa una investigación contra el magistrado. La semana pasada el jefe del bloque de Diputados, Federico Pinedo, anunció que acusarían a Oyarbide por presunto mal desempeño en el caso de las escuchas ilegales, luego de que Mauricio Macri fuera procesado como supuesto partícipe de una asociación ilícita en esta pesquisa.
El Consejo aprobó la semana pasada una sanción contra Oyarbide impulsada por Sanz debido a las declaraciones públicas del magistrado en la causa de la llamada mafia de los medicamentos. La defensa del sindicalista Juan José Zanola lo denunció ante el organismo por presunto prejuzgamiento, por sus dichos sobre el caso.
Pero la situación en el caso de las escuchas es distinta: los abogados del macrismo sostuvieron argumentos similares a los del jefe de Gobierno porteño; al pedir el apartamiento de Oyarbide del caso y lo acusaron de supuestamente direccionar la causa en contra de Macri por supuestas presiones del kirchnerismo. Esta acusación es mucho más grave que una sanción por declaraciones públicas.
Por otro lado, Sanz podría excusarse o ser recusado en la instrucción del expediente, según trascendió ayer, ya que antes del sorteo expresó su «solidaridad» con Macri tras su procesamiento. Habrá que esperar varias semanas para conocer la posición del senador radical y en qué medida va a intervenir en uno de los frentes políticos más complicados del macrismo.
Mientras tanto, el gobernador porteño está a la espera de la que la sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional se pronuncie sobre su pedido de apartamiento de Oyarbide en el caso. Macri presentó sus argumento «in voce» ante el tribunal de alzada el martes pasado, en una audiencia que impactó más porque llegó sobre la hora y auxiliado por un «motoquero» que lo alcanzó hasta los tribunales de Comodoro Py, que por la novedad de los fundamentos contra el juez.
Como ya afirmó en numerosas declaraciones públicas, el jefe de Gobierno aseguró que la pesquisa sobre las escuchas ilegales estaría direccionada en su contra y acusó al juez de estar supuestamente «manejado por el Gobierno».
La Cámara ya confirmó a Oyarbide en esta caso varias veces, pero el planteo más importante fue el del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, quien recusó al juez por haber ordenado cuando era fiscal la indagatoria de Oyarbide en una pesquisa de intervenciones telefónicas. A pesar de lo técnico del planteo de Montenegro, el tribunal confirmó al juez en el caso con voto dividido.


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