Saqueos: Moyano se defiende ahora denunciando al Gobierno

• El Gobierno insistió en apuntar contra «operadores políticos y sindicales» por los incidentes

Nilda Garré. Hugo Moyano. Sergio Berni

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, serán denunciados hoy por el jefe de la CGT opositora, Hugo Moyano, por presunta «incitación a la violencia». Será la respuesta a las acusaciones de ambos funcionarios respecto de la supuesta responsabilidad del camionero en los saqueos registrados el jueves y el viernes pasados en distintos puntos del país. El sindicalista también denunciará en los mismos términos al diputado nacional Edgardo Depetri, referente de la CTA oficialista. De todos modos, el Gobierno ratificó ayer su línea de acusaciones mediante la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que apuntó a «operadores políticos y sindicales» por los incidentes.

Moyano se reunirá hoy a primera hora con su equipo de abogados penalistas para revisar el texto definitivo de la presentación que hará ante la Justicia federal. El borrador señala que las acusaciones públicas de Abal Medina y Berni sugieren, incluso, que los saqueos podrían haber sido orquestados desde «alguna esfera oficial» con el supuesto propósito de victimizar al Gobierno y, eventualmente, desviar otros temas de la mirada pública.

Los funcionarios habían señalado como ligados a los saqueos de la semana pasada a Moyano, al líder de la CTA disidente, Pablo Micheli, y al jefe de la CGT «Azul y Blanca», Luis Barrionuevo, principales organizadores de la movilización a la Plaza de Mayo de ese martes. Para el Ejecutivo nacional, también pudieron estar vinculados a los episodios de violencia punteros de organizaciones como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que también tomaron parte de la marcha de la semana pasada.

Las acusaciones motivaron el mismo viernes una conferencia de prensa de los aludidos. Allí, Moyano le contestó a Berni, a quien calificó como «un Rambo venido a menos» y «viceministro de Inseguridad», y Micheli se ocupó de Abal Medina: «Fue funcionario de la Alianza, de los que se fueron en helicóptero, y ahora nos quiere dar cátedra desde la jefatura de Gabinete».

A la Justicia

A la respuesta política se le sumará hoy la judicial a cargo del líder camionero. Micheli todavía no resolvió si iniciar acciones legales.

Uno de los argumentos es que varios de los dirigentes que lo acompañan fueron denunciados y procesados, y que apelar a la misma vía lo haría entrar en una senda explorada por funcionarios o empresarios, pero no por dirigentes sindicales.

Los saqueos se produjeron en un lapso de 48 horas en Bariloche, Rosario y varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Aunque en un principio desde el Ejecutivo se apuntó a Moyano y al resto de los organizadores de la marcha a la Plaza de Mayo, e incluso se habló de un eventual pedido de detención para el camionero, hasta el viernes a última hora no había sido radicada denuncia alguna.

Berni sostuvo su imputación sobre la base de la identificación de dos sospechosos: Jorge Villalba, a quien vinculó con la CTA de Micheli, y Héctor «Paraguayo» González, al que sindicó como miembro del gremio de los camioneros y líder de la barra brava de Villa Dálmine. Sobre este último caso, en el sindicato de choferes reconocieron el nexo con González, pero alegaron que había sido separado de la estructura del gremio hace unos dos años luego de una intervención dispuesta por la conducción nacional en la filial Campana.

La presentación de Moyano por presunta «instigación a la violencia» contra Abal Medina, Berni y Depetri destacará que las manifestaciones fueron efectuadas «sin que hubiera pruebas» de la supuesta responsabilidad del dirigente «ni orden de detención» en su contra, como inicialmente se especuló.

Según los asesores, Moyano fue imputado por un delito de conmoción interna a través de un mecanismo «usual en el Gobierno, de manejarse entre el relato y la amenaza». Uno de los ejes de la presentación será dejar asentada la sospecha de que los saqueos podrían haber sido organizados desde «alguna esfera del poder» para apuntalar un discurso de eventual victimización del propio Ejecutivo. Al ser consultados sobre las pruebas con las que cuentan para esbozar esa hipótesis, los abogados contestaron: las mismas que los funcionarios para acusar al camionero.

Garré volvió ayer sobre la tesis de señalar a los dirigentes al sostener que los saqueos buscan «afectar la popularidad» de Cristina de Kirchner y apuntar hacia «operadores políticos y sindicales» que apuestan a la «desestabilización». «Algunos operadores políticos y sindicales apostaron fuerte a la desestabilización por estos días, usando encubiertamente sus patotas de marginales y delincuentes. La Justicia deberá esclarecer ahora el origen de la logística y el financiamiento de estas virtuales vanguardias de saqueadores», sostuvo la funcionaria en un mensaje que difundió a través de las redes sociales.