Sarkozy desmanteló 40 campamentos de gitanos. Los echará

Rumanos observan cómo la Policía francesa desmantela villas de emergencia conformadas por casas rodantes bajo una autopista en Choisy-le-Roi, en las afueras de París. El Gobierno de Nicolas Sarkozy se propone levantar 300 asentamientos.

Lyon - La Policía francesa desmanteló en las últimas dos semanas más de 40 campamentos ilegales de gitanos en los que vivían unas 700 personas de origen rumano y búlgaro, que serán expulsadas del país, informó ayer el ministro del Interior, Brice Hortefeux. Esta política no es gratuita para el presidente Nicolas Sarkozy, que comenzó a pagar costos en el plano internacional, al ser criticado como jefe de Estado de un país que se plantea como defensor de los derechos humanos.

«En los últimos 15 días, se han desmantelado más de 40 campamentos de gitanos», con unas 700 personas «que serán repatriadas» a sus países de origen, declaró el ministro en una conferencia de prensa en Lyon, centro-este de Francia.

El Gobierno prevé organizar «fletes aéreos especiales» con ese fin, precisó.

Hortefeux había anunciado a fines de julio la intención del Gobierno de desmantelar en un plazo de tres meses unos 300 de los 600 campamentos de gitanos que existen en Francia, según datos oficiales.

La medida forma parte de un ajuste de la política de seguridad del Gobierno conservador de Sarkozy, que incluye controvertidos proyectos como el de despojar de la nacionalidad francesa a personas naturalizadas que hayan atentado contra la vida de un policía.

La eurodiputada ecologista francesa Eva Joly acusó a Sarkozy, en una columna publicada por el semanario Paris Match, de practicar el «racismo de Estado». Según la ex magistrada, la multiplicación de las iniciativas contra los gitanos constituye «una ética de la provocación, un racismo de Estado».

Las organizaciones humanitarias advierten una contradicción: las comunas con más de 5.000 habitantes están obligadas por ley, desde el año 2000, a crear espacios para que los pueblos errantes se instalen. Como la mayoría incumple la normativa, a los inmigrantes no les queda más remedio que fijar sus campamentos de forma ilegal.

La nueva ofensiva contra los campamentos ilegales es una respuesta a los disturbios generados por la muerte de un joven que huía de la Policía. La víctima pertenecía a uno de los grupos nómades que desde hace años viven en casas rodantes cerca de Saint-Aignan. Decenas de personas protestaron por la muerte y atacaron a la Policía. Sarkozy se quejó públicamente del «comportamiento de algunos nómades o gitanos».

Categoría

Esas denominaciones unifican en realidad a un grupo nada homogéneo. El «pueblo errante» es una categoría de la administración francesa que cubre a unas 400.000 personas. Un 95% de ellas lo forman franceses y unos dos tercios son sedentarios. En la calle se los llama «tzigans» o «gîtans», el equivalente a «gitanos», un término que alude al origen legendario de estos grupos. Entre ellos se encuentran, sin embargo, unos 15.000 romaníes, que en realidad provienen de Bulgaria y Rumania. En su objetivo de dejar de verlos en sus calles, el Gobierno francés paga incluso los pasajes de la repatriación.

El año pasado, unos 10.000 fueron devueltos a sus países de origen. La medida tiene un «éxito» relativo: se estima que dos terceras partes regresaron de inmediato a Francia.

Pero las críticas llegan también desde el extranjero. El comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, mostró su preocupación por la estigmatización de los gitanos.

También el Comité de la ONU contra la Discriminación, que llegó incluso a acusar a Francia por «un repunte de actos racistas».

Sarkzoy se defendió ayer. La delegación francesa revisó punto por punto las críticas de los 18 expertos del Comité, y argumentó que, de acuerdo con el tratado de adhesión a la Unión Europea de Rumania y Bulgaria, es posible mantener algunas restricciones de circulación durante siete años contra sus ciudadanos.

En cuanto a expulsarlos a su país de origen, dijo la delegación, también es «conforme» al derecho europeo que estipula que cualquier Estado puede poner fin a la permanencia en el país de una persona desempleada y que representa un peso social.

Agencias AFP, ANSA y DPA