Córdoba - El gobernador Juan Schiaretti subrayó ayer la importancia del fallo contra los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, pero criticó al Gobierno nacional por «no haber colaborado» en la protección de testigos del juicio realizado en Córdoba.
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En tanto, desde la Dirección Nacional del Programa de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación, subrayaron que desplegaron para el juicio todas sus herramientas y recursos de protección tanto ante la demanda del Tribunal como ante el Cuerpo Especial de Protección de la Policía de la Provincia de Córdoba, considerando el resultado como óptimo, tanto por la cooperación recíproca como por la complementariedad de ambos organismos.
Fueron provistos a la policía 40 dispositivos de comunicación, vehículos con chofer en la provincia y el Gran Buenos Aires a funcionarios policiales cordobeses para localización y entrevista de testigos residentes en estas zonas, detalló Darío Díaz, director nacional del programa. Se hicieron traslados a la ciudad de Córdoba y regreso, algunos del exterior y combinados con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con cobertura de gastos de alojamiento y viáticos por parte del Programa Nacional, agregó el funcionario.
Schiaretti dijo que «fue un día histórico para Córdoba y para el país» porque «la Justicia de la democracia condenó al máximo representante de la dictadura genocida que pisoteó los derechos humanos».
«Junto con ello también fue muy importante que se haya condenado a quien fue el dueño de la vida y la muerte de los cordobeses en esos años oscuros y de todas las demás provincias que dependían del Tercer Cuerpo de Ejército y a aquellos que degradaron la institución policial durante su accionar en la época de la dictadura», agregó el mandatario.
Schiaretti criticó al Gobierno nacional por no haber «colaborado» en la protección de las personas que comparecieron en calidad de testigos en los juicios llevados adelante por la Justicia federal en esta ciudad, en el marco del juzgamiento a ex miembros de las juntas militares y de las fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad.
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