Schoklender: fiscal defiende a Oyarbide por pruebas de lavado

La reprimenda de la Cámara Federal al juez Norberto Oyarbide, la semana pasada por el manejo de la causa en la que se investiga por presunta administración fraudulenta a Sergio Schoklender, preocupa ahora al fiscal Jorge Di Lello. En particular, observa la decisión de los camaristas contraria a los embargos e inhibiciones dispuestos por el magistrado respecto de los sospechosos. El temor pasa por un eventual levantamiento general de esas medidas, por entender que puede conspirar contra el resguardo de fondos sospechados de haber sido objeto de maniobras de lavado de dinero.

La Sala I del tribunal criticó en duros términos, el jueves, a Oyarbide al pronunciarse sobre los planteos de dos de los acusados en contra de los bloqueos de sus movimientos financieros. El magistrado los resolvió pocos días después de iniciado el sumario, en junio pasado, y los mantuvo de manera inalterable así como el secreto de sumario, que recién dejó de regir ese mismo jueves.

En la causa contra Schoklender se investiga, además de una presunta maniobra de administración fraudulenta en el manejo de fondos públicos a través de su anterior cargo como apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, un posible caso de lavado de activos de origen ilícito. De hecho, en esa línea el magistrado y Di Lello le pidieron colaboración al fiscal especial de la unidad contra casos de blanqueo de dinero, Raúl Pleé.

Ese fiscal tomó los primeros informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), basados en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) reunidos por bancos y entidades financieras y le dio el primer impulso a la causa en dirección a posibles imputaciones por maniobras delictivas.

Objeción

En su resolución del jueves, los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero objetaron el criterio utilizado por el juez para embargar las cuentas de la firma Eagle Security y las de uno de sus socios, Leonardo Hubscher, y respecto de un exapoderado de las Madres, Alberto Marcelo García.

En la fiscalía a cargo de Di Lello manifestaron sorpresa y preocupación por las posibles consecuencias de la resolución del tribunal. Temen que, en función de supuestos defectos en la labor de Oyarbide, terminen por quedar desarmados los bloqueos financieros a imputados con chances de diluir la ruta del eventual blanqueo.

En esa línea, recordaron que apenas iniciado el expediente hubo un intento de venta de cuatro inmuebles atribuidos a empresas o socios de Schoklender, que fue paralizada por intervención de Oyarbide.

Los investigadores recordaron también que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a los fiscales, mediante varias resoluciones, a proteger los fondos sospechados por posibles maniobras de lavado. Por un lado, para garantizar el cuidado de las pruebas para el juicio, y por otro, para facilitar una eventual restitución del dinero a sus legítimos propietarios.

A partir del fallo de la Cámara, Oyarbide deberá fundamentar mejor las razones para haber dispuesto los embargos o, de lo contrario, levantarlos en línea con lo planteado por los jueces. La revisión quedará acotada a los tres casos analizados por el tribunal, aunque se da por hecho que el resto de los imputados impulsará planteos similares.

En tanto, Di Lello continuará esta semana con la preparación de los pedidos de indagatorias para los principales sospechosos, que espera elevarle a Oyarbide a principios de diciembre. El juez avisó que no llamará a declarar a los imputados hasta tanto llegue el pedido del fiscal. En función de los tiempos judiciales será difícil que Schoklender y su entorno sean indagados este año.