Se repiten caos y cruce de acusaciones por usurpación

La Policía Federal y la Metropolitana custodiaban ayer los edificios tomados en la Capital Federal, pero no avanzaron en el cumplimiento de la orden de desalojar.

El Gobierno kirchnerista y el macrista volvieron a cruzarse por las tomas ahora de viviendas ya adjudicadas, una situación repetida en la Ciudad de Buenos Aires con predios en esas condiciones. Se agregó que tras los hechos del parque Indoamericano se había anunciado un pomposo plan de viviendas y en el medio, la semana pasada, la decisión de una jueza de mandar al archivo la causa por los incidentes de diciembre pasado que terminaron con cuatro muertes, por considerar que no hubo delito.

Anoche, tanto la Policía Federal como la Metropolitana custodiaban el lugar para frenar revueltas e impedir que ingresaran bebidas alchólicas u otros elementos inconvenientes para los ocupas. Según fuentes de la Metropolitana, habría gente armada en los departamentos que estarían ocupando algo más de un centenar de usurpadores.

La Justicia mantuvo su orden de desalojo, pero el Gobierno nacional envió un pedido de prórroga, mientras que desde el Ministerio Público se insistió en dar curso al pedido de allanamiento y detención de 6 imputados por la ocupación del Indoamericano.

La toma, esta vez, sucede en un complejo de 204 departamentos ubicados en el predio de las calles Lafuente, Castañares y Portela de Villa Soldati -zona que limita con Parque Avellaneda y el Bajo Flores-, asignados para familias asentadas a la vera del Riachuelo, decisión que cumple a la vez con una orden judicial de saneamiento de la cuenca.

Imputaciones

Macri, ayer a la tarde, junto a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; y a la titular de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, redobló sus acusaciones contra el Gobierno nacional porque «no cumplen con la ley» al no impulsar el desalojo ordenado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño aseguró: «Hay una orden de la presidenta Cristina de Kirchner de no actuar», en relación con el desalojo del lugar y explicó que «las viviendas van a ser para las familias que viven en la vera del Riachuelo».

Además, Macri arremetió con que «la Federal no defendió el lugar, la gente entró y encima se llevaron las cosas que había dentro de las viviendas, como calefones y otros artefactos», dijo el mandatario sobre los saqueo que se habrían producido el domingo a la madrugada. En ese momento, hubo dos policías de la Metropolitana heridos. Ayer, en una incipiente revuelta que se desactivó, otro agente porteño, el oficial Daniel Maldonado, resultó lastimado en la cara por una pedrada arrojada por los ocupas. Los incidentes ocurrieron cuando un grupo de familias intentó ingresar a la zona ocupada con alimentos y la Policía quiso controlar y fue agredida desde el interior de los departamentos.

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, aseguró que «el Gobierno de la Ciudad sabe que las usurpaciones son de su competencia», para endilgarle la responsabilidad de llevar a cabo la desocupación a la Metropolitana, que argumentó no contar con capacidad operativa para llevar adelante ese propósito.

«El Gobierno de la Ciudad sabe que este delito es de competencia local. Cuando hay una usurpación en una provincia, el gobernador utiliza su propio sistema y utiliza la Policía provincial», insistió Alak y contó que «hoy (por ayer) hubo una usurpación en Esteban Echeverría, fue la Policía provincial y realizó el desalojo. El procedimiento duró no más de 30 minutos».

Los ocupas reclaman viviendas, entre otros, para habitantes de la villa 1-11-14, y hasta acusaron al Gobierno porteño de haber prometido esos departamentos que usurpan. No manifestaban intención de marcharse, un conflicto que podría terminar, como en otras ocasiones, con subsidios para lograr el desalojo, en una maniobra que fomenta que se replique para obtener beneficios.

Dialoguismo

El Gobierno nacional presentó, durante la jornada, un escrito ante la Justicia en el que deslindó su responsabilidad en el desalojo del predio ocupado, aunque el juez Armella mantenía su decisión a la espera de que se cumpliera. El recurso apunta a «extender los plazos» para lograr el desalojo para impulsar medidas que logren «establecer un diálogo para convencer a los ocupantes para que depongan su actitud», según consideró el ministerio que conduce Nilda Garré.

Armella dictó la orden de desalojo el miércoles, en función de una presentación realizada por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) presentada ese mismo día solicitando el desalojo, un ente interjurisdiccional de los distritos que tienen injerencia en la cuenca, Nación, provincia y Ciudad.

Por su parte, los fiscales en lo penal contravencional y de faltas Claudia Barcia y Luis Cevasco pidieron el apartamiento de la jueza Cristina Nazar, quien consideró que no hubo delito en los hechos del Indoamericano y rechazó las detenciones contra Antonio Marcelo Chancalay, Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Noemí Mónica Ruejas, Berta Elizabeth Revilla, y Alejandro «Pitu» Salvatierra. En la apelación, los fiscales criticaron la falta de fundamentación «fáctica y jurídica» por parte de la jueza, y la tildaron de «arbitraria y nula».

En otro sentido, en esta oportunidad no pudieron ingresar funcionarios del Gobierno porteño a tomar conocimiento sobre la cantidad de ocupantes, con la idea inclusive de censarlos, pero también con la intención de confirmar que algunos ya habrían participado de la toma del Indoamericano.