Se siembra para el desastre fiscal

Enrique Szewach

Si hay algo que queda evidente del diseño de esta elección es que la crisis de representatividad y el rechazo de la sociedad hacia el poder político es de enormes proporciones. Al punto que, como dice una publicidad, «las leyes en la Argentina son optativas».

También es cierto que el proceso de «internas abiertas y simultáneas», o algo parecido, está diseñado para un sistema bipartidista de grandes partidos y no para la conformación política actual, que se asemeja más a la reproducción de las amebas que estudiábamos en el secundario. Y también es cierto, finalmente, que existe una gran contradicción institucional entre una Constitución que consagra el monopolio de los partidos políticos para acceder a cargos electivos y una realidad en donde surgen protagonistas mediáticos que se «asocian» a aparatos o estructuras preexistentes o pequeños desprendimientos de grandes partidos que luego de cada elección se rearman o se desmembran, dependiendo de cada caso.

Pero este contexto político tiene consecuencias económicas gravísimas. La más obvia se vio reflejada en la crisis con el sector agrícola del año pasado.

En su blog (Frenos y contrapesos), Agustín Mackinlay citó: «En el elogio fúnebre (por la muerte de Montesquieu) escrito por d'Alembert leemos estas palabras notables: 'El tamaño de los impuestos debe estar en proporción directa a la libertad. Así, en las democracias pueden ser mayores que en otros lados sin resultar onerosos, porque cada ciudadano los percibe como un tributo que se paga a sí mismo'».

Uso particular

No hay imposición sin representación. Es por eso que cualquier proyecto impositivo entra por la Cámara de Diputados (los representantes). Pero si la sociedad no se siente representada por sus elegidos, si esa representación no se construye a partir de la interacción de liderazgos respetados, programas puestos a consideración de los ciudadanos y ciudadanos que aceptan esa representación como legítima, lo que hay es una mera transferencia de recursos a los gobernantes, desde los gobernados, para que los gasten a su antojo, sin control, sin prioridades, sin fundamentos, sin transparencia. Esa transferencia, por definición, es «subóptima». Tanto es así que los propios gobernantes, en sus discursos, explicitan este uso particular de los «recursos del pueblo». La señora presidenta en una reciente alocución dijo más o menos así: «Y siempre le digo a Máximo: recorré Río Gallegos y mirá lo que tu padre te hizo». O el gobernador Scioli, que después del repudiable escrache en Lobería dijo: «... ¿Y qué quieren (los que lo atacaron), que no vaya, que no les lleve cloacas ni asfalto?». Ambos párrafos dejan claro lo que es el manejo de los fondos públicos para los gobernantes. Son favores que «te hago». O son prebendas de campaña electoral que «te llevo».

Una sociedad en donde quienes fijan los impuestos no representan a los que tienen que pagarlos y dichos impuestos no surgen de un consenso democrático, sino de coyunturas particulares; en dónde, en cada momento se elige quién paga y quién recibe, en función del poder de turno, es una sociedad con crónicos problemas fiscales. Más aún, si esos mismos «no representantes» delegan el poder de fijar ingresos y gastos al Poder Ejecutivo y se carece de una Justicia independiente, el cóctel para un desastre fiscal estructural está plantado.

Destrucción

La resolución de ese conflicto de financiamiento permanente y de la falta de prioridades y acuerdos en ingresos y gastos llegó siempre a través de la inflación y la devaluación, destruyendo el mercado de capitales y la moneda local. Por momentos, una favorable coyuntura internacional permitió el endeudamiento, o ganar la lotería de precios extraordinarios de exportación. Cuando el ciclo se dio vuelta, y mientras se retrasaba el «ajuste licuador», vino el default explícito, como en 2001, o el implícito actual, en donde se miente en el coeficiente de ajuste por inflación y se acumulan deudas (no documentadas en forma de bonos) con jubilados actuales o futuros. Con proveedores del Estado. Con exportadores. O se elude la Justicia internacional para destrabar fondos, al punto de ser declarados en «desacato» por un juez de Nueva York.

Por supuesto que esto no impide hacer buenos negocios, ganar plata y prosperar en la Argentina. Pero está claro que si no se soluciona, en serio, esta crisis de representatividad, no habrá una mejora permanente para el bienestar de sus habitantes, en especial los más necesitados.

Ya nos hemos caído de la clasificación de país «emergente» en el sistema financiero global y hemos pasado a la difusa categoría de «mercados fronterizos» con la misma ponderación que Kenya y por debajo de Lituania.

Curioso, mi padre emigró de algún lugar en el entorno de Lituania a mediados de la década del 30, porque la Argentina prometía mucho más, en especial libertad y posibilidades de progreso. Mi padre murió antes de esta crisis política terminal. Hoy hubiera cumplido 92 años. ¿Cómo le hubiera explicado esta decadente parábola?