Seclo, la contracara de la Justicia laboral

Es el mecanismo administrativo de resolución de conflictos que en el Gobierno buscan promocionar como instancia superadora de los juicios y de la “mafia laboral” que menciona Macri en sus discursos.

Cruzado. Macri recibió a solas al fiscal Enrique Gavier, que investigó fraudes en los juicios laborales en Córdoba.

La resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores por vía administrativa creció hasta alcanzar la mitad de los tramitados por la Justicia, en menor tiempo y con un gasto muy inferior de recursos para el Estado. Son los principales argumentos del Gobierno para promover el uso del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) como contracara de la Justicia del trabajo, sindicada por Mauricio Macri como supuesto espacio de desarrollo de una mafia laboral destinada a alimentar de forma artificial la litigiosidad y perjudicar a la actividad privada.

Mientras la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tomó el año pasado 115 mil demandas, un récord con un aumento del 26,4% respecto del año anterior, y resolvió en ese mismo período 4.800 expedientes, el Seclo recibió 199.584 carpetas de las cuales homologó 49.253 (24,68 por ciento del total). Otro rubro que destacan en el Ministerio de Trabajo es que mientras la vía administrativa demanda un plazo no superior al mes para la definición de un expediente, la Justicia laboral tarda un promedio de 4 a 5 años para alcanzar una sentencia de la Cámara del fuero, en general el último paso previo al cobro de una indemnización por despido a través de ese mecanismo.

A favor del Seclo, en la cartera laboral mencionan que el crecimiento incesante de casos por desvinculación fue acompañado por una suba de la efectividad hasta alcanzar, a mayo de este año, más de la mitad. Mientras en 2012 los casos abiertos fueron 134.348 y los homologados 37.993, con un 27,28% de eficacia, en 2013 la proporción alcanzó 138.740 contra 40.810 (29,41%); en 2014, fue 159.258 contra 46.838 (29,4%); en 2015, 157.304 contra 47.334 (30,09%), y en 2016, 199.584 contra 49.253 (24,68%).

Fue en 2017 donde Trabajo constató un salto significativo de la eficiencia de esa vía para la resolución de controversias: en enero, de 9.441 casos ingresados fueron homologados 2.669 (28,27%), mientras que en mayo, de 10.128 expedientes quedaron resueltos 5.375, lo que representó un 53,07 %.

En paralelo también en la Justicia hubo un aumento constante de los juicios iniciados, aunque con un plazo de tramitación mucho mayor. En 2011 se sortearon 58 mil expedientes; en 2012, 63 mil (un crecimiento del 9% respecto del año anterior); en 2013, 70 mil (11% más); en 2014, 78 mil (12%); en 2015, 91 mil (16,2%), y en 2016, 115 mil (26,4%).

Para graficar la dimensión presupuestaria de una y otra herramienta, en la cartera laboral explican que un juzgado laboral está integrado por un juez, un secretario, un prosecretario, de 13 a 15 empleados administrativos, distribuidos en 1510 metros cuadrados promedio de oficina en el centro porteño, con el consecuente uso de computadoras, insumos y servicios habituales. Cada juzgado de los 80 de primera instancia del fuero (más diez salas de la Cámara con tres jueces cada una) resuelve unos 60 expedientes por mes, entre sentencias y conciliaciones.

El Seclo, en cambio, cuenta con una estructura de 11 abogados dictaminantes, tres coordinadores, y veinte empleados administrativos distribuidos en la planta baja del edificio de la cartera laboral situado en Callao 110, y en 2016 resolvió 53.287 desvinculaciones con sus respectivas homologaciones, registros y acuerdos. Destacan los funcionarios como ventajas de ese mecanismo la rapidez, la inexistencia de riesgos en caso de que el trabajador recibiera una sentencia contraria en un juicio, con la posibilidad incluso de afrontar los gastos, el no pago de la denominada "cuota litis", que es el porcentaje de la demanda que percibe el abogado y otros perjuicios relacionados con la extensión en el tiempo de la tramitación judicial.

Consecuente con esta visión, Macri recibió la semana pasada en una audiencia privada al fiscal cordobés Enrique Gavier, encargado de la Unidad de Delitos Complejos de esa provincia, a quien desde el Gobierno buscan mostrar como un cruzado antimafias laborales. El funcionario le relató al mandatario la existencia de un aparente entramado en el distrito para promover el avance de demandas por accidentes de trabajo con la intervención de abogados de parte y peritos, en los que, según dijo, no existía una dolencia probada de manera fehaciente.

Gavier indicó que mientras en todo el país la litigiosidad creció 216% en el período entre 2009 y 2016 en Córdoba hubo una significativa disminución del 55% que atribuyó a las investigaciones llevadas a cabo por la repartición a su cargo.