Seguridad quiere tener la última palabra en ley de control aéreo

CUMBRE PARA DEFINIR TEMA DEL DERRIBO. LO ANUNCIARÁ MACRI EN LA APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS

Patricia Bullrich, Julio Martínez, Román Di Santo y Gerardo Otero.

 El Gobierno prepara el terreno para enviar al Congreso una ley sobre Protección Aeroespacial dentro del espacio soberano. El miércoles pasado se llevó a cabo una cumbre de Seguridad y Defensa encabezada por los ministros Patricia Bullrich y Julio Martínez en el edificio Libertador, sede de Defensa, del Estado Mayor Conjunto y del Ejército. Primer plenario que juntó a funcionarios y máximas autoridades militares y de fuerzas de seguridad en torno del tema ordenado por Macri, derrotar el crimen organizado en su vertiente del narco y delitos conexos. El cónclave refleja un cambio. La brecha entre Defensa y Seguridad que existía a hasta ahora derivada de exégetas en la interpretación de las leyes que regulan esas áreas parece diluirse, tal como sucedió en otros países del mundo. Bullrich, casi como un doble del ministro Martínez, pontificó ante uniformados y jefes de seguridad la necesidad de contar con una norma que regule, controle y disuada la actividad de aeronaves ilegales dentro del espacio aéreo soberano. Flanqueada por el director de Fronteras, Luis Green, avanzó en cuestiones prácticas, ¿quién es la última voz que autoriza abrir fuego y derribar un avión hostil? preguntó a los asistentes. "Quisiera tener un rol en esa decisión" agregó, según reconstruyeron fuentes que asistieron a la reunión. La escuchaban Ángel Tello, secretario de Asuntos Militares; el titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Bari del Valle Sosa; los jefes del Ejército, general de división Diego Suñer; de la Armada, vicealmirante Marcelo Hipólito Srur; y de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Amrein; el comandante general Gerardo Otero (Gendarmería),el prefecto general Eduardo Scarzello (Prefectura), el comisario general Román Di Santo (Policía Federal) y Alejandro Itzcovich Griot (Policía de Seguridad Aeroportuaria).

El debate llevó a explicaciones operativas. Se recreó un episodio ficticio para aclarar que el piloto requiere de máxima velocidad en las comunicaciones y contar con la voz que autoriza el disparo -como último recurso- en la línea de comando. Más claro, corresponde a una autoridad militar previa orden del ministro de Defensa, la comunicación de jalar el gatillo. La cuestión será analizada por gabinetes de ambos ministerios antes de enviar la norma para su aprobación cuando el Congreso inicie las sesiones ordinarias. Funcionarios de Defensa aconsejaron no poner el foco en el "derribo" pues se trata del último recurso en una serie de etapas disuasorias que el piloto militar pone en marcha advirtiendo al incursor. La preocupación oficial por los vuelos ilegales en la frontera norte del país se extendió también al frente marítimo y fluvial. Se sabe que las hidrovias y algunos puertos del sur del país son utilizados para el tráfico de mercaderías y estupefacientes. La droga disimulada en cargamentos pesqueros puso en guardia a Bullrich, esa actividad permite el tráfico de grandes volúmenes. Sorprendió a los oyentes la aseveración del flamante titular de la Prefectura: "Con un solo navío de patrulla podemos controlar el litoral marítimo", dijo Scarzello. Sea por piedad profesional con el recién llegado o para no abrir una controversia entre iguales, el marino Srur no dijo una palabra.

El bloqueo aéreo en la frontera norte con máquinas de la Fuerza Aérea está retrasado. El ministro Martínez había ordenado el despliegue de aviones EMB-312 Tucano con el propósito de asentarlos de manera definitiva en la base de Resistencia, Chaco. La fuerza tiene 15 aparatos en condiciones de volar pero les faltan repuestos y otros elementos logísticos. Hasta ahora esas aeronaves cumplían funciones de entrenamiento aunque son de combate y se utilizan para apoyo táctico. Basadas en la Escuela de Aviación Militar, complementaban en la tarea de instrucción a 10 aviones Grob TP-120 de un lote de 15 que el Gobierno anterior decidió adquirir para salir de la crisis en la formación de pilotos.