Hoy a las 15.30 en el denominado Centro de Convenciones Techint ubicado en la calle Della Paolera a metros del edificio que alberga la sede del grupo, se fumará la pipa de la paz en la que -como suele suceder en toda negociación- ninguna de las partes habrá logrado todos sus objetivos.
Así, el Gobierno conseguirá colocar a tres miembros del directorio de Siderar y Techint habrá evitado una posible confiscación de sus activos y la obligación de distribuir la totalidad de sus utilidades acumuladas.
La prenda de cambio para que a Techint no le pase lo mismo que les sucedió en Venezuela con Sidor es la aceptación del controvertido economista Axel Kiciloff como miembro del directorio de Siderar, junto con otros dos representantes designados por el Gobierno. Uno de ellos es Danta Camaño, un hombre cercano a Julio De Vido, el ministro de Planificación que los empresarios siempre han tenido como el interlocutor más «razonable» en el Gobierno.
La pelea entre el grupo Techint y el Gobierno arrancó en abril, cuando la ANSES anunció que haría uso en todas las empresas de las que tiene acciones (obtenidas por la nacionalización de las AFJP) de obtener asientos en los directorios en forma proporcional a sus porcentajes accionarios.
En muchas de esas empresas -notablemente en Consultatio de Eduardo Costantini y en el grupo Pampa Energía- estas designaciones no provocaron conflicto alguno, sobre todo porque los nombres de los nuevos directores no provocaron escozor en los accionistas privados.
Esto no sucedió con Kiciloff, que fue duramente resistido por Techint, en función no sólo de sus posturas ideológicas sobre la necesidad de mayor intervención estatal en la economía, sino también por fuertes declaraciones que había hecho esta joven figura de La Cámpora en relación con la «necesidad de que Siderar invierta en proyectos productivos y sociales».
Después, el 15 de abril, se produjo la asamblea en la que Techint -a través del holding Ternium que agrupa a sus empresas que fabrican tubos y caños- anunció un dividendo en efectivo de $ 1.511 millones y el pase a reserva del resto del acumulado, $ 6.440 millones.
El representante del Gobierno exigió que se distribuyera el total de las utilidades, y también la ampliación a tres del número de sus directores. A ambos pedidos se negó la empresa argumentando que las utilidades no distribuidas iban a emplearse para cumplir con el plan de expansión prometido al Gobierno.
Hubo una asamblea frustrada en mayo, recursos cruzados ante la Justicia y la autoridad bursátil (la CNV) y amenazas e imprecaciones mutuas. Finalmente privó la cordura y tras una ardua negociación -en la que De Vido habría tenido un rol no menor- se llegó al compromiso que se plasmará hoy:
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