• YA EXISTEN CUATRO DEMANDAS EN EL FUERO DEL TRABAJO PARA QUE SE LA DECLARE INCONSTITUCIONAL Jueces del fuero laboral serán los encargados de definir los amparos que cuestionan la constitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso. Temor oficial a un revés por nivel de enfrentamiento con esos magistrados.
Amparos. Jorge Rizzo (izquierda) lidera el Colegio Público de Abogados de la Capital que avanza contra la ley de ART que es defendida por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (centro). El juez Alejandro Segura ya declaró su inconstitucionalidad (derecha).
La semana corta en tribunales será también clave para definir la suerte de los pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la nueva ley de ART, impulsada por el Gobierno. Con pocos días hábiles, el expediente apunta a replicar la escalada judicial que tuvo el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Ejecutivo se apuró a poner en vigencia un nuevo régimen para accidentes de trabajo y que tuvo su primera mácula de inconstitucionalidad por parte de un juez laboral. Hay dos datos que encienden luces de alarma en la Casa Rosada: los tribunales que deberán resolver los nuevos amparos para voltear la ley son precisamente los de la justicia del Trabajo a quienes el Ejecutivo decidió enfrentar sin cortapisas con el pedido de juicio político a dos camaristas-; y que los demandantes pasaron a la táctica de "guerra de guerrillas" para sembrar de amparos los tribunales. Eso ya dio como resultado que no sea un solo expediente, sino cuatro los que estén en condiciones de ser resueltos por distintas vías.
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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) hizo la presentación más notoria el viernes a primera hora, una vez que la ley se promulgó y se publicó en el Boletín Oficial. No solo pidió un amparo, sino que le agregó una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma aprobada por el Congreso. Pero hubo un cambio de estrategia de los letrados porteños que derivó el pedido a la Justicia Nacional del Trabajo. Ya habían intentado bloquear el DNU a través del fuero Contencioso Administrativo Federal que administró los tiempos para que el Gobierno lograra sancionar en extraordinarias las mismas modificaciones a la norma que establecía el decreto. Ese planteo quedará "abstracto" porque el DNU fue suplantado con la Ley N° 24.557 denominada "Ley de Riesgos del Trabajo". Pero ahora, para el CPACF los argumentos de la demanda "revisten naturaleza laboral y pertenecen a la esfera del derecho del trabajo".
Son los mismos jueces a quienes el Gobierno eligió como blanco con la remisión al Consejo de la Magistratura de dos pedidos de juicio político para los camaristas que habilitaron la feria judicial y avalaron la paritaria del gremio bancario. Ese movimiento estuvo a cargo del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El Ejecutivo privilegió la furia que le causó ese revés y dar una señal de escarmiento, en lugar de escoger la estrategia de aguardar a que las anunciadas demandas por ART pasaran su test en los tribunales. A ello se suma el mar de fondo por el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Capital Federal que talla en la sensibilidad judicial. Así, gran parte de los jueces perciben que con sucesivos episodios, el Gobierno los colocó en el lugar de evasores, que tienen muchas vacaciones, que tienen que ser traspasados, jubilados o que incluso pueden ser "apretados".
Al final de la jornada del viernes, al planteo del CPACF -presidido por Jorge Rizzo- se le sumaron tres más, diseminados en otros juzgados. Con idéntica táctica, a partir del miércoles se sumarán más demandas de asociaciones de abogados (colectivas) o a título personal. En todos los que se están tramitando se solicitó que como medida cautelar "se suspenda la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 10, 14, 15 Y 16 de la ley atacada, manteniendo el régimen vigente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo". El primer paso que darán los magistrados será correr traslado a la fiscalía para definir competencia, algo que por ser materia laboral, buscarán retener. El segundo, pedirle informe al Estado que tendrá algunos días más para responder, lo que demorará definiciones hasta la semana próxima. El Gobierno considera vital la nueva ley para desmantelar la denominada "industria del juicio" pero también y solo admitido en off- para esquivar a los propios jueces del fuero laboral, con quienes el macrismo no tiene buena sintonía desde el inicio de su mandato.
Pese a todo, desde el Ejecutivo (y desde la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) se esperanzan con que no pueda definirse jurídicamente "un caso" para declarar la inconstitucionalidad. También objetará que el fuero laboral se ocupe de una cuestión que los podría sacar del medio en demandas por accidentes de trabajo al poner como requisito obligatorio el dictamen de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales que definirán según el texto- si un caso debe llegar a instancia judicial.
En la complejidad del escenario se abrirá una nueva puerta: si debe ser el fuero Contencioso Administrativo Federal quien se ocupe de las objeciones a una ley emanada del Congreso. La batalla por las interpretaciones opondrá como argumento que la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, en su artículo 21 "Casos especiales de competencia", señala que "en especial, serán de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo: a) Las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo".
Torcer el destino de los expedientes por la competencia es una de las jugadas que el oficialismo prepara. La semana pasada, el juez del Trabajo Alejandro Aníbal Segura dictó la inconstitucionalidad de oficio del DNU, lo que despabiló al Gobierno para promulgar la ley que ya había sido aprobada. Sin embargo, ese magistrado marcó el camino para que -con idénticos fundamentos- la ley pueda naufragar, al menos hasta su llegada a la Corte Suprema.
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