Senado destroza proyecto de responsabilidad empresarial

• CRÍTICAS A LA "PELEA CHICA" ENTRE EL SERPENTEANTE MASSISMO Y CAMBIEMOS EN DIPUTADOS“Es un mamarracho”, disparó ayer el jefe del PJ, Miguel Pichetto, sobre igualar delitos a los de lesa humanidad. Oficialismo, jueces y fiscales también piden modificaciones. Se demora llegada a recinto.

Furia. El jefe del PJ en el Senado y delegado premium de los gobernadores justicialistas, Miguel Pichetto, calificó de “mamarracho” el artículo que votó Diputados a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Con un vendaval de críticas, los senadores dinamitaron ayer el proyecto de responsabilidad penal empresarial que envió semanas atrás Diputados, que será modificado y volverá en segunda revisión a la cámara de origen. El texto fue votado el mes pasado a los ponchazos y con picardías del Frente Renovador que comanda el serpenteante Sergio Massa, que con arañazos imprevistos forzó al oficialismo a asentir para que avanzara la iniciativa.

"Es un verdadero mamarracho...", disparó el jefe de la bancada del FpV-PJ, Miguel Pichetto, en cuanto a declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para igualarlos a los de lesa humanidad. El legislador rionegrino y delegado premium de los gobernadores justicialistas detalló que la decisión de Diputados "es imprudente en términos institucionales".

Pichetto fue más allá y dejó en claro que "si la necesidad de la sociedad es lograr resultados más rápidos, se van a consolidar -si no se cambia el proyecto- procesos que van a durar 20 o 30 años, por lo tanto el juicio durará hasta el fin de la vida del imputado".

El senador recordó por último lo que ya se convirtió en un clásico en el Senado: leyes que salen mal de Diputados por la intromisión massista y la imposibilidad de Cambiemos de frenar los embates de los renovadores. "Forma parte de la demagogia punitiva que se instala en las cámaras en el medio de procesos electorales. No hay nada más inapropiado que tratar ley de este tipo en el marco de una elección, donde todo el mundo gira desde el punto de vista de ver si puede tener más votos, quién es más honesto o transparente".

La declaración de Pichetto acompaña un sentimiento casi unánime del Senado y es un cansancio de la "pelea chica" entre renovadores y oficialismo en Diputados. "Ya nos pasó con lo del Impuesto a las Ganancias a fin del año pasado cuando tuvimos que convocar a los gobernadores para que nos ayudaran a poner a un freno a lo que votaron massistas, kirchneristas y progresistas. También aterrizó un pésimo texto de extinción de dominio -la repatriación de bienes a favor del Estado provenientes de actividades ilícitas-, pero esta iniciativa para penar a las empresas ya es muy guaranga", aseguró un furioso operador premium del Congreso a Ámbito Financiero.

De hecho, en las últimas 48 horas se sumaron varias solicitudes para exponer en la comisión de Justicia y Asuntos Penales -que lidera el justicialista Pedro Guastavino-, que ayer continuó con el análisis del proyecto en cuestión. Por caso, el vicepresidente por los fiscales de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz, criticó el cambio solicitado por diputados renovadores para que una persona jurídica pueda ser alcanzada por todos los delitos del Código Penal, ya que sólo debería contemplar los delitos de "cohecho, soborno internacional, malversación de caudales públicos, peculado, exacciones ilegales, defraudación a la administración publica y negociaciones incompatibles".

Sáenz también dijo que es "discutible" el pedido de la titular de la Oficina Anticorrupción, la macrista Laura Alonso, en cuanto a revivir la denominada "cláusula Odebrecht", que el dictamen de mayoría del oficialismo en Diputados estaba reflejada en el artículo 37 -finalmente no se votó-y que planteaba que las personas jurídicas podrían "solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz" por "hechos anteriores a la sanción de la presente ley".

Esa negociación sería llevada adelante por la Procuración del Tesoro y con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación. Es decir que para casos como Odebrecht no intervendría la Justicia penal, que sí se ocuparía desde la sanción del proyecto. Para el fiscal "es muy discutible el acuerdo administrativo, pero de alguna manera se tiene que ver la posibilidad de que esas empresas puedan aportar esa información", y coincidió en cuanto a que es un error declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, al igual que el juez de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal Mariano Borinsky.

Otro artículo que preocupa a los legisladores y asesores es el séptimo, que impone que "la persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la o las personas humanas que hubieren intervenido", mientras que varios elogiaron la implementación de una Programa de Integridad" destinado a la prevención de los delitos de corrupción. "Habiendo analizado el proyecto de responsabilidad penal empresarial creo que es lo más asequible en términos sistémicos", manifestó el juez de Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, que avaló gran parte del proyecto al igual que el magistrado de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.

Guastavino ratificó la continuidad del debate la próxima semana, aunque el dictamen recién se firmaría hacia fines de agosto, debido a la cantidad de modificaciones que se le realizarán al texto.