Senado: guiño para que empresas puedan fondear las campañas políticas

Un esbozo de dictamen con acuerdo de Cambiemos y PJ baja a la mitad la cesión de espacios en servicios de comunicación, aunque la difusión comenzará 30 días antes para las PASO y 35 para la elección general. El Estado no podrá publicitar actos de gobierno

Dalmacio Mera

De manera irregular, ya que las firmas nunca aparecieron en un plenario de tres comisiones -buscaban aterrizar anoche de manera formal-, el Senado avanzó ayer con un esbozo de dictamen relacionado con el financiamiento político, tras un acuerdo entre Cambiemos y el PJ. El nervio principal del texto impone "un modelo mixto" de fondeo público y privado y deja claro un límite de aportes para los partidos: personas "humanas y jurídicas" tendrán un tope del 5% de los gastos permitidos en campañas electorales en caso de querer "ayudar" monetariamente a los candidatos.

Veamos los puntos principales de lo consensuado ayer en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda del Senado:

Aportes

Deberán ser "efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte". Además, "las entidades bancarias o administradoras de tarjetas de crédito o débito" tendrán que "informar a la agrupación política destinataria del aporte la identidad del aportante y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de expresión de causa por parte de este último".

Prohibiciones

La porción más importante del tercer artículo es que continuarán por fuera de la posibilidad de fondeo los sindicatos. Tampoco habrá "contribuciones o donaciones anónimas"; aportes de "entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires"; de "empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas"; de "personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar"; y quienes "hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores", entre otros.

Trazabilidad de aportes

Las agrupaciones políticas registrarán el dinero de privados recibido en el "Registro de Trazabilidad de Aportes Electorales" que creará la Cámara Nacional Electoral, con un plazo de siete días hábiles para autorizar el uso u ordenar la reversión de éstos. En caso de no poder ser revertidos, las partidas serán destinadas al "Fondo de Financiamiento del Programa para Personas con Discapacidad" del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Control patrimonial

El juez federal con competencia electoral remitirá los informes presentados por los partidos al "Cuerpo de Auditores" de la Cámara Nacional Electoral -se crean ocho vacantes y aumenta la burocracia-, el cual analizará la situación de cada agrupación, con posibilidad de peloteo de observaciones y respuestas. El dato clave aquí es que si en el procedimiento se advirtiera "la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral", y que "en ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario".

Responsables

El texto señala que los partidos designarán dos "responsables económico-financieros para las elecciones generales, debiendo en todos los casos ser mayores de edad, con domicilio en el distrito correspondiente, afiliados al partido político o, en su caso, a alguno de los partidos políticos que conforman la alianza". Además, uno deberá "ser autoridad partidaria o, en su caso, autoridad de algunos de los partidos políticos que conforman la alianza y el otro deberá contar con matrícula profesional vigente de contador público".

Publicidad y difusión

Los servicios de comunicación estarán "obligados a ceder el cinco por ciento del tiempo total de programación para fines electorales", que significa una rebaja a la mitad en relación con las últimas campañas. En tanto, la difusión comenzará 30 días antes para las PASO y 35 para la elección general, con subas en ambos casos. Por otra parte, el Estado no podrá publicitar actos de gobierno 25 días antes de los comicios, un plazo que en la actualidad es de 15 días.

Encuestadoras

Continuará la necesidad de registro y explicación de trabajos realizados -también quiénes los adquirieron y los montos pagados-, y ante incumplimientos tendrán llamados de atención, apercibimientos, multas de $500.000 a $5 millones; y suspensión o cancelación en el registro.

Penas

Ante diversas irregularidades, los partidos "serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de uno a cuatro años; y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones".

Tiempos

Las agrupaciones políticas tendrán que "adecuar sus Cartas Orgánicas y reglamentos y dar cumplimiento a las prescripciones dispuestas en la presente Ley dentro de los 180 días de su entrada en vigencia". Al cierre de esta edición, el histérico dictamen no había sido formalizado por los senadores que manejan esas tres comisiones -la de cabecera es la de Asuntos Constitucionales, que comanda el peronista Dalmacio Mera- y su fecha de tratamiento en el recinto será, con suerte, una semana después del combo presupuestario-impositivo del miércoles próximo. De esta manera, el proyecto quedará con una estrecha ventana para su tratamiento en Diputados debido al fin de sesiones ordinarias -y el clima hostil de la oposición y las propias internas oficialistas- y la cercanía del inicio de la temporada electoral.