Senado intenta controlar áspero debate por el Código Procesal

Miguel Pichetto, Cristina de Kirchner y Martín Ocampo

El debate por el nuevo Código Procesal Penal ya está lejos de los halagos iniciales que parte de la oposición manifestó tras el lanzamiento del proyecto que hizo Cristina de Kirchner. Las diferencias sobre algunos puntos clave del proyecto ya son conocidas y exceden a la oposición en el Senado y en Diputados.

El fin de semana, en un reportaje a medios, Elena Highton de Nolasco, jueza de la Corte, dijo no estar segura sobre el artículo que permitirá expulsar a extranjeros detenidos en el momento de cometer un delito. Hubo expresiones parecidas por parte del kirchnerismo.

El miércoles por la mañana continuará el debate del proyecto en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado.

El fin de semana el bloque que comanda Miguel Pichetto también decidió que durante los próximos 15 días no haya sesiones. En ese tiempo habrá sólo debates en comisión para despachar los proyectos de reforma del Código de Procedimientos Penal y la nueva Ley de Telecomunicaciones. Las votaciones serán el 19 de noviembre para el primer caso, y el 26 para la norma sobre medios.

El fin de semana, la Capital Federal se sumó a las discusiones. No es para menos; el principal ámbito de impacto de la reforma serán la Ciudad de Buenos Aires y los tribunales penales federales ya que en las provincias se aplican los códigos procesales penales locales.

El encargado de aclararlo fue el fiscal general de la Ciudad, Martín Ocampo, que se opuso directamente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y aseguró que "avasalla las competencias inherentes de la Ciudad".

"Una eventual sanción involucra la restricción de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La reforma en nada beneficia o modifica la situación jurídica de los vecinos", dijo el jefe del Ministerio Público Fiscal porteño.

La protesta llegó al Congreso en una carta que Ocampo le envió al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Pedro Guastavino. Allí dijo que los vecinos esperan que "la Nación cumpla con su deuda pendiente de transferir de forma definitiva e integral a la Ciudad la Justicia ordinaria con su respectivo presupuesto".

"Los porteños no necesitan que el Congreso debata o les imponga las formas en que se sustanciarán las causas ordinarias por hechos acaecidos en la Ciudad", les explicó el jefe de los fiscales de la Ciudad.

Y concluyó: "Por el contrario, los vecinos de la Ciudad necesitan recibir un trato igualitario e idéntico al cual se encuentran sometidos los habitantes de cada una de las provincias del Estado nacional".

La posición de la Ciudad en este tema es clave y alimentará el debate con las protestas que llevarán Gabriela Michetti y Diego Santilli al debate tanto en comisiones como en el recinto.

Se sumarán al planteo que hará el radicalismo sobre la supuesta inconstitucionalidad del artículo que permite expulsar a extranjeros sin juicio previo ni condena, lo que Ernesto Sanz considera en algunos casos un posible premio para delincuentes.