Senado: sanción de impuestos por 50 años para cultura dividió a oposición (luz verde a ley de villas)

La Cámara alta también avaló la iniciativa que expropia los dos inmuebles donde estaba Cromañón. Se opuso una legisladora PRO. Hubo homenajes a Alfonsín y a Kirchner.

Posturas. Alfredo Cornejo (UCR) y Humberto Schiavoni no unieron al interbloque macrista y votaron divididos. Además, reapareció el kirchnerista Maurice Closs.

En medio de los grandes problemas que tiene el kirchnerismo en su gestión, la oposición volvió a desaprovechar el camino liberado y mostró ayer falencias de manejo político desde el Congreso, con la sanción en la Cámara alta de la ley que prorroga por 50 años -fines de diciembre de 2072- la asignación específica de impuestos para sostener a las industrias culturales. Detrás de la iniciativa se encuentran organismos estallados de burocracia, más allá de los beneficios para artistas que militaron el proyecto, claro está, desde la óptica de un oficialismo que otorga “derechos”.

La defensa de la ley, desde lo técnico, fue del presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el kirchnerista Ricardo Guerra (La Rioja). Durante su exposición, el legislador utilizó como excusa, para los 50 años, que se esperó el debate en Diputados por tratarse de algo impositivo. Sin embargo, esta cuestión podía ser modificada y devuelta en revisión sin ningún problema a la Cámara baja, ya que incluso desde el Frente de Todos había textos con propuestas de menores plazos. Mientras tanto, funcionarios y artistas militantes se encontraban en los palcos del recinto y aplaudieron en varias ocasiones para confirmar, una vez más, que el tradicional respeto en el recinto terminó de romperse desde finales de 2019.

Más insólita fue la disertación del también kirchnerista Adolfo Rodríguez Saá, que destrozó el proyecto -lo dejó mal parado a Guerra- desde lo jurídico, ya que afecta de manera directa la coparticipación de las provincias. Para este caso, nadie operó para defender a los distritos. También callaron los “combativos” gobernadores acostumbrados a esquilmar, sin importar el signo político, a cualquier gobierno nacional. Al final de su discurso, el puntano aclaró que votaba a favor por “disciplina partidaria”.

A pesar de los regalos oficialistas, la oposición de Juntos por el Cambio volvió a tropezar -como en Diputados con el Presupuesto 2023-, con oradores que demostraron posiciones en ambos extremos de lo que se analizaba. Primero, el radical Martín Lousteau explicó, a favor de dar “certidumbre”, los largos plazos de algunas obras culturales desde su idea inicial hasta su ejecución y presentación al público, aunque advirtió sobre los 50 años. Tras terminar su alocución, aclaró que la UCR votaba completa la ley. Fue así en la general, pero no en particular, tras la aclaración del jefe de la bancada, Luis Naidenoff, de no acompañar el primer artículo.

El PRO decidió abstenerse como solución intermedia y se diferenció de los radicales, pero no sostuvo unanimidad ya que los dos cordobeses que están dentro de su bloque, Carmen Álvarez Rivero -denostó el proyecto- y Luis Juez votaron en contra. La ley fue sancionada con 57 adhesiones, dos rechazos y nueve abstenciones.

Para la sesión se reincorporó el kirchnerista misionero Maurice Closs, quien se recuperó de cuestiones médicas sensibles y semanas atrás operó con voceros extraoficiales cambios en el Presupuesto 2023 que el Frente de Todos no aceptó en Diputados, por lo que será interesante la defensa que hará de la iniciativa que ratifica el acuerdo -ajuste- del Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Barrios Populares

Tras la discusión sobre impuestos, el Senado trató la reforma de la ley de integración socio urbana de barrios populares -fomentada y sancionada en 2018, durante el macrismo- para prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos y despejar vencimientos de la normativa vigente.

Al momento de la aprobación de la ley en la gestión macrista, se llevaban registrados 4.416 barrios, y con esta modificación habrá 5.687 asentamientos populares. Además, se declara la emergencia socioambiental para agilizar los procesos administrativos y llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y programas de urbanización.

Durante el debate, la macrista Guadalupe Tagliaferri recordó la falta de una política clara sobre esta cuestión durante los 12 años de gobiernos kirchneristas y las declaraciones de exfuncionarios -hoy vigentes, como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- relacionadas con una Argentina con “menos pobres que Alemania”, y apuntó a los millones de argentinos fueron “escondidos debajo de la alfombra” durante la era cristinista. La ley fue sancionada ayer con 64 votos a favor del oficialismo, aliados y la oposición y sólo recibió uno en contra, el de la cordobesa Álvarez Rivero (PRO).

Al cierre de esta edición, el pleno sancionó la expropiación de los inmuebles donde funcionó Cromañón. Allí murieron 194 personas y ahora se convertirá en un espacio dedicado a la memoria. La única que se opuso fue, de nuevo, la macrista Álvarez Rivero.