Señal: reabre Oyarbide causa por la Triple A

El juez Norberto Oyarbide abrió ayer una puerta que estaba entornada y que reflota la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el turno peronista de 1973-1976, que parecen congelados. El magistrado detuvo a siete integrantes de la banda Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A), cuya creación y conducción se le atribuye a José López Rega, exministro de Bienestar Social de Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Perón y María Estela Martínez. A esa banda se le atribuyen más de 700 asesinatos antes de 1976, planeados desde estructuras del Estado y con cobertura de las fuerzas de seguridad.

Entre los detenidos y ya indagados están el periodista Jorge Conti, yerno de López Rega y su secretario de Prensa; Carlos Alejandro Villone, secretario privado del exministro; y Julio Yessi, exjefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA). También fueron apresados Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y el ex policía federal Rubén Pascuzi, como el excabo bonaerense Norberto Cozzani, que ya cumple prisión preventiva en el marco de la causa Camps.

Luego de indagarlos como presuntos organizadores de la «asociación ilícita» la Triple A, todos quedaron detenidos en el penal de Marcos Paz.

Yessi se negó a declarar, mientras que Villone solicitó la prisión domiciliaria, y Conti, que de presentador de noticieros en Canal 11 pasó en 1973 a titular de la Secretaría de Información Pública, pidió la excarcelación.

La causa fue iniciada en 1975 por el abogado Miguel Radrizzani Goñi y se cerró en 1989 con la muerte de López Rega, pero en 2007 fue reabierta por la detención y extradición desde España del policía Rodolfo Almirón, sindicado como autor del crimen del sacerdote Carlos Mugica, en 1974.

Entre los crímenes autoadjudicados por la Triple A figuran los del exdiputado Rodolfo Ortega Peña, el exsubjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler y el pequeño hijo de Raúl Laguzzi, exdecano de la Facultad de Derecho de la UBA.

Su primera acción fue el atentado fallido con bombas en el auto del entonces senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y, además de los asesinatos, amenazaron y obligaron al exilio de decenas de artistas e intelectuales, como Mercedes Sosa, Luis Brandoni, Héctor Alterio y Osvaldo Bayer, entre muchos otros.

En esta causa Oyarbide pidió la extradición desde España de la expresidenta María Estela Martínez, viuda de Perón, donde reside desde 1981, pero la Justicia española la denegó.

Los demás acusados, López Rega, los policías federales Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón, Miguel Ángel Rovira, y el periodista Felipe Romeo, que dirigió la revista derechista El Caudillo, están muertos.

La reapertura de estas causas inquieta al peronismo, cuyo candidato a presidente de 1973, Ítalo Luder, dijo que si asumía la presidencia, respetaría la ley de amnistía de Reynaldo Bignone. En 1984 esa fuerza se negó a participar de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que produjo el informe «Nunca más», y votó en el Congreso contra las iniciativas del Gobierno de Raúl Alfonsín para esas investigaciones.

Antes de ahora, la actuación de esa banda ha sido investigada en un juzgado federal de Mendoza en una causa en la que fueron citados a declarar miembros del gabinete que suscribieron la orden de «aniquilar» a las bandas terroristas que actuaban en el país, como Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero.