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Ser fiel ya no será obligatorio
De hecho, Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las redactoras del proyecto original que le llegó a Cristina de Kirchner, se dedicó largamente a explicarles a senadores y diputados las modificaciones en materia de familia que se introducen en el nuevo código.
Por ejemplo, en materia de reproducción asistida alertó a los presentes: «Vayan mirando siempre lo que pasa en la ciencia» a la hora de redactar una ley específica, ya que el código tiene una vocación de «permanencia».
Kemelmajer ratificó que «no se hacen distinciones entre matrimonios heterosexuales y homosexuales» en el nuevo código. Y aclaró que la «desaparición del deber de fidelidad» dentro de la unificación se hizo por «supresión como deber jurídico y su transposición como deber moral».
«Este proyecto intenta pacificar en materia de conflictos matrimoniales. Hoy tenemos un régimen legal que no es pacificador», explicó Kemelmajer, y agregó: «Se puede llevar a un juicio por infidelidad ante daños de integridad física o psíquica, pero no por ser infiel».
Patrimonio
Sobre el nuevo régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo código, recordó: «Le permite a la gente elegir entre dos regímenes: el de comunidad de ganancias y uno de separación..., pero hay una situación común frente las deudas domésticas».
Sobre reproducción humana post mórtem, el nuevo código no la autoriza, «porque la voluntad procreacional debe ser presentada en cada uno de los pasos de la gestación».
Elena Highton de Nolasco tomó la palabra para explicar el nuevo régimen de propiedad comunitaria indígena argumentando que el código establece que la devolución de tierras «no necesariamente está hablando de volver atrás toda la propiedad registrada dentro del Código Civil de todos estos años».
«Se está tratando de restituir derechos donde ahora están ocupando o de darles otras tierras aptas para su desarrollo», especificó.
Se trató de la primera reunión de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los códigos Civil y Comercial que ahora tendrá 90 días para analizar el proyecto y girarlo a las dos cámaras del Congreso para la votación.


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