Sesiones extraordinarias: últimos 15 días con juicio político de fondo, poco trabajo e intentos de recinto

El Senado sigue frenado y solo está en el camino la preparatoria -votar autoridades- del viernes 24. En Diputados definen citación de testigos y pedidos de documentación para la guerra contra la Corte. Oficialismo presiona allí por moratoria previsional, creación de universidades y monotributo “Tech”.

Cristina de Kirchner

El Congreso ingresa hoy en sus últimos 15 días de sesiones extraordinarias, después de tres semanas de poco trabajo y con el juicio político a la Corte Suprema como tema casi exclusivo. La guerra contra el máximo tribunal de Justicia del país continuará este jueves, aunque el kirchnerismo de Diputados seguirá con algunos movimientos para ir al recinto antes del período ordinario, con el objetivo de sancionar la nueva moratoria previsional y también aprobar la creación de un combo de universidades.

La Cámara baja puede mostrar un nivel de actividad superior al del Senado que preside Cristina de Kirchner, que no se movió un centímetro desde que Alberto Fernández llamó a sesiones extraordinarias desde el 23 de enero pasado. Días atrás, referentes del Frente de Todos deslizaron la idea de sesionar un día antes o el mismo día de la sesión preparatoria, que será el 24 y servirá para votar autoridades. Aún está lejano dicho escenario.

En Diputados, el juicio político acaparó gran parte del tiempo invertido. Este jueves, la comisión que comanda la kirchnerista Carolina Gaillard definirá el cronograma de citación de testigos y solicitudes de documentación. Sin embargo, el oficialismo logró dictaminar, días atrás, el proyecto que activa un monotributo “Tech”. Apunta a trabajadores de servicios relacionados con la economía del conocimiento con ingresos de hasta u$s 30.000 anuales.

La iniciativa que también cuenta con despacho y espera ser ley desde hace largas semanas es la moratoria previsional. En el Senado, el proyecto del cristinismo fue apurado casi en modo exprés por Juliana Di Tullio, quien criticó en junio pasado la insistencia opositora “en cuanto a preguntarle al ministro de Economía -en ese entonces, era Martín Guzmán- por el costo fiscal”. En esa línea, aseguró que el mismo será “de 0,02% este año y 0,3% el próximo”, y disparó: “Es insignificante, pero para endeudarse en 50.000 ‘palos’ -en referencia a millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional- no pidieron ninguna aparición en este Congreso”.

Semanas después, la Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe: “Se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido por Di Tullio en la Cámara alta. Además, el Presupuesto 2023 ya está sancionado y, en caso de luz verde de la ley, deberá intervenir el Ministerio de Economía.

Un detalle de la ley kirchnerista es que da luz verde a un permiso para que cerca de 850.000 trabajadores en actividad puedan adelantar cuotas y lleguen, al momento de retirarse, sin deudas previsionales. En el Senado, el proyecto fue avalado por la peronista anti K de Córdoba Alejandra Vigo, lo que aumentaba las chances de sanción en Diputados por el interbloque federal, clave para una eventual sesión.

A pesar de que el oficialismo tensó el clima político por el juicio a la Corte, y tras haber insinuado una sesión -vía operaciones extraoficiales- para los próximos días que no ocurrirá, ahora promete llegar antes del 1 de marzo -y del discurso de Alberto Fernández para abrir el período ordinario- con algo aprobado o sancionado.

En medio de todo este panorama, en algunos centros de poder legislativo comienzan a hacer cuentas para el hipotético Congreso que se viene y cómo plantarse a partir de 2024.