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Show del renunciamiento: subsidios, mejor que cargos
Eduardo Duhalde
Lo comprobó, en 2002, Eduardo Duhalde: abrumado por el «que se vayan todos» y arrinconado por un scrum integrado por Elisa Carrió, Víctor De Gennaro y Luis Zamora, que reclamaba llamar a elecciones, el interino invitó a la dirigencia a renunciar a ser candidato.
Lo hizo mediante el Decreto 1.623 y lo llamó Registro de Renovación Excepcional de Cargos Electivos, donde podrían inscribirse quienes aceptaban no competir en la siguiente elección -de fecha incierta- o no intentar su reelección en los cargos que ocupaban.
El texto llevó la firma de Duhalde y de Jorge Matzkin, su ministro del Interior, y delegó en el escribano general de Gobierno, Natalio Etchegaray, la administración de ese listado de voluntarios.
Para «predicar con el ejemplo», según la carta que envió a Etchegaray, el presidente interino fue el primero en firmar. Pero el contador terminó rápido: salvo Daniel Scioli, por entonces secretario de Deportes y Turismo, ningún funcionario firmó ese compromiso público.
Scioli, además, renunció a su banca de diputado que no ocupaba por estar de licencia. Ocurrió en septiembre de 2002: en abril de 2003 fue electo vicepresidente en la fórmula encabezada por Néstor Kirchner.
Es más: aunque Duhalde encabezó el listado, su esposa Hilda Chiche Duhalde desistió de imitar a su esposo. La explicación había que buscarla en La Plata (la ciudad): Felipe Solá había heredado a Carlos Ruckauf y el duhaldismo soñaba con recuperar la gobernación con Chiche como candidata.
Tampoco se plegaron a la sugerencia de Duhalde los cuatro precandidatos presidenciales del peronismo: José Manuel de la Sota, por entonces delfín del lomense; Carlos Menem; Adolfo Rodríguez Saá -de paso veloz por la Casa Rosada 9 meses antes-, y el por entonces casi desconocido Kirchner.
Lo único que logró Duhalde fue la crítica unánime de los partidos y sus caciques: se opusieron el PJ, desmembrado en varias tribus, y la UCR residual post-De la Rúa, pero también el ARI de Carrió y la izquierda, por caso Zamora, que calificó de «ridícula» la iniciativa.
Fue, al final, una decisión espasmódica e ineficaz del interino que renunció explícitamente -en septiembre- a lo que ya había renunciado tras los episodios terribles del 26 de junio de 2002, cuando fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Cristina de Kirchner tuvo más éxito al abrir la fila de renunciadores (ver nota en pág. 7): velozmente, ministros, legisladores, gobernadores e intendentes se apuraron por aparecer entre los que desistían voluntariamente de recibir una compensación estatal. Claro: un subsidio no es una banca ni un cargo en el Estado.


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