Siemens-DNI: un contrato que complica a imputados

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El 12° aniversario de la causa que investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa Siemens a integrantes del Gobierno de Carlos Menem por la renovación de los DNI prepara novedades alarmantes para ex funcionarios y ex directivos de la empresa. Todo depende de la llegada de la documentación judicial que envió la fiscalía de Munich, que llevó el caso de la casa matriz en Alemania, y que en este momento está trabada desde hace meses en la maraña diplomática que implica el papeleo internacional.

El juez federal a cargo del caso desde 2008, Ariel Lijo, ya envió dos escritos a Cancillería, reclamando presiones diplomáticas ante el Gobierno federal de Alemania para que entregara la documentación aportada por la fiscalía de Munich, luego del viaje del magistrado a esa ciudad en mayo pasado. Allí él y su equipo tuvieron acceso a gran parte de las pruebas y expedientes utilizados durante el juicio que se desarrolló contra los ex directivos de la casa matriz.

Más allá de los entuertos diplomáticos, en el juzgado se muestran optimistas: no bien llegue esa documentación, se ordenarían medidas respecto de la «situación ambulatoria» de algunos de los imputados. Es decir que probablemente se impida la salida del país de los ex directivos y funcionarios más complicados en el caso.

Contrato clave

La documentación de Alemania aportará una de las claves de la pesquisa: un contrato que Carlos Sergi, ex directivo de Siemens Argentina, habría firmado a principios de 2001 fuera del país con la casa matriz para «gestionar» que se cumpliera el convenio entre la Argentina y la empresa por la digitalización de los DNI. El ex directivo para entonces ya no integraba el directorio de la filial local. Meses después, en mayo de 2001, el Gobierno de Fernando de la Rúa dio de baja la licitación. Al considerar que las gestiones de Sergi habían fracasado, Siemens AG se habría negado a pagarle unos u$s 35 millones que habían acordado por sus servicios. El ex directivo demandó a la empresa en Alemania que, arbitraje mediante, le pagó finalmente unos u$s 26 millones.

Esa suma fue abonada a través de Siemens Business Service, firma que los ex jefes de la casa matriz habrían creado en Dubai. La investigación de la fiscalía de Munich, que condenó a varios ex directivos de Siemens AG por el pago de sobornos para obtener licitaciones en el exterior, se basó únicamente en los pagos irregulares que la empresa hizo desde Dubai. Uno de los contratos supuestamente irregulares que se incluyeron en la pesquisa de manera lateral fue el de Sergi.

Del resto de la documentación sobre el caso argentino, hay poco y nada en la fiscalía de Munich. Esto se debe a que la mayoría de los pagos relacionados con la digitalización de los DNI se tramitaron a través de otra empresa subsidiaria del grupo, Siemens Nixdorf Information (que luego dejó de existir), que no formó parte de la pesquisa alemana. Además, el contrato con la Argentina fue firmado en 1998 y la fiscalía de Munich comenzó a investigar a partir de 2001, ya que consideró que los casos anteriores estaban prescriptos.

Bancos

La otra información clave que espera el juzgado para seguir avanzando son los datos que deben aportar varios bancos sobre unas 40 cuentas en las que se depositaron pagos irregulares. Esta documentación fue aportada por la propia Siemens Argentina, luego de que se conocieran los resultados de la auditoría de Debevoise y Plimpton, sobre la que se basaron la Securities Exchange Comission y el Ministerio de Justicia de Estados Unidos para multar a Siemens y permitir así que mantuviera sus inversiones en ese país. El grupo reconoció los delitos señalados en esa auditoría, por los que pagó u$s 800 millones de multa.

En el caso de la Argentina se reconoció el delito de «Books & Records», irregularidades en sus asientos. La hipótesis que maneja el juzgado es que esas irregularidades habrían canalizado el pago de sobornos a ex funcionarios y ex directivos de la filial local.

Por eso, a mitad de este año Lijo envió exhortos a las filiales de varios bancos en paraísos fiscales como Dubái, Panamá, Arabia Saudita y Uruguay, para que informaran sobre los depósitos investigados, en especial quiénes fueron sus titulares. Así podría cerrarse el círculo del pago, desde la empresa a los ex funcionarios imputados.

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