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SIGEN denunció a directores privados de Papel Prensa
Dentro de las formas en que los privados perjudicaron a Papel Prensa, según el síndico general, Daniel Reposo, está el hecho de que la empresa «tiene campos propios y debería tener precios más bajos en materia prima, pero, por el contrario, compra el insumo básico a precios muy superiores que en el mercado».
La denuncia quedó radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, según informó la SIGEN. Dicha solicitud se justificó en las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Valores, en los Informes de Comisión Fiscalizadora de los Estados Contables, en los Informes de Situación Empresaria y en otras notas dirigidas a la empresa.
Evaluación
Se pidió ante el magistrado que todas las denuncias sean evaluadas en forma conjunta e integral y no como situaciones aisladas e independientes, con el fin de que pueda declararse la responsabilidad penal de todos los integrantes de los distintos órganos societarios que decidieron, consintieron y/o dejaron de ejercer sus funciones de control y vigilancia en afectación de la propia empresa y en especial del Estado, que es uno de sus socios.
Según un comunicado de la SIGEN, en esta asociación aparecen involucrados Guillermo González Rozas, Alberto Maquieira, Raúl Aguirre Saravia, Jorge Bazán, Daniel Fernández Muñoz, Eduardo Lohidoy, Jorge Rendo y Ricardo Siri, junto con los abogados Víctor Zamenfeld, Javier Lorente y Hugo López.
Asociación ilícita
La SIGEN indica que «los denunciados miembros del capital privado de Papel Prensa, excediéndose en sus funciones, integran una asociación ilícita cuya finalidad es cometer delitos contra el Estado nacional, conforme se tipifica en el artículo 210, párrafo 1, del Código Penal, son merecedores de 3 a 10 años de prisión».
Entre otras irregularidades, se mencionan el «enriquecimiento sin causa de los miembros del Comité Ejecutivo», el «incumplimiento estatutario por parte del directorio», el «alto grado de riesgo operacional por falta de transparencia en la gestión de control» e «incumplimiento de la Ley de Sociedades Comerciales».

