Sin prohibición a cuidacoches en show de leyes de Legislatura porteña

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El macrismo perdió ayer la votación para prohibir la actividad de cuidacoches, pero a cambio la oposición sancionó un proyecto de mayoría para crear un registro de autorizados a realizar esa tarea. Se verá ahora si Mauricio Macri acepta el cambio o el proyecto pasa a la lista de vetos que suelen darse a principio de año después de las sanciones maratónicas de despachos, más en esta ocasión que se enmarca en el recambio de diputados.

Para la última sesión del año y del ciclo -mañana ya asumen los nuevos diputados- hubo asistencia perfecta en las bancas, junto con un temario polémico y extensos discursos hasta la trasnoche a pesar del titular saliente de la Legislatura, Oscar Moscariello, que buscó acortar las intervenciones.

El PRO sí logró la sanción de una modificación a la Ley de Verificación Técnica Vehicular (ver nota aparte) que poda los beneficios para los automovilistas, en un trámite más que rápido. La votación de esa norma fue la piedra de la discordia la madrugada del viernes, cuando en medio de fuertes incidentes en las puertas de la Legislatura el proyecto fue sometido a su consideración para incluirlo en el tratamiento sin despachos, sobre tablas. El ibarrismo se opuso y pasó todo lo que restaba de aquel paquetazo de iniciativas (más de 200) para ayer, donde el final era esperado para los nombramientos de los siete integrantes de la Auditoría General porteña.

El debate comenzó con la ley contra cuidacoches y fue extenso, más de dos horas, hasta que el despacho de la oposición recibió 31 votos a favor y 29 en contra.

El filokirchnerista Gonzalo Ruanova presentó el proyecto como la mejor manera de controlar a los cuidacoches. Desde el PRO, varios diputados hicieron la defensa de su propia iniciativa que promovía directamente la prohibición. Desde la oposición esgrimieron las necesidades de trabajo y fustigaron que las fuerzas policiales no persiguieran a quienes roban simulando la actividad. «Se está prohibiendo la actividad de cuidacoches y el problema es cuando extorsionan, es político porque hay un fiscal general que tiene un cuerpo importante y un jefe de Gobierno con Policía propia. Hay que meterlos presos y listo», espetó Diego Kravetz. En el mismo sentido, Sergio Abrebaya (Coalición Cívica) remarcó que «no hay ley que funcione si no hay una fuerza que haga cumplir con la ley».

Desde el PRO, Martín Borrelli explicó: «Nuestra propuesta es dar una solución de fondo, con el dictamen de la oposición se beneficia a algunos individuos que a veces por necesidades económicas, o algunas veces sin ellas, se apropian del espacio público».

El proyecto aprobado señala que a los cuidacoches registrados se les deberá otorgar un uniforme y una credencial además de asignarles horarios y lugares determinados, y establece sanciones de uno a dos días de trabajo de utilidad pública o multa de $ 200 a $ 400, a quienes no estén autorizados y hasta $ 2.000 si «existiera una organización».

El despacho lo firmaron diputados de seis bloques, entre ellos Julio Raffo (Proyecto Sur), Silvina Pedreira (Bloque Peronista), Claudio Presman (Unión Cívica Radical), Rafael Gentili (Proyecto Sur), Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Ruanova (Nuevo Encuentro) y Gabriela Alegre (FpV).

Los legisladores también aprobaron ayer, con 50 votos a favor, la creación de un registro de huellas genéticas de violadores, una iniciativa por la que el macrismo insistió varios años.

La presentación la hizo el PRO, y el titular del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, si bien anticipó su voto a favor, consideró que hubiera sido mejor que el proyecto «no fuera sólo para condenados alcanzados en los delitos contra la integridad sexual».

Otro paquetito de normas que requerían dos tercios del recinto resultó favorable al macrismo para licitar los bajo autopista, vender unos 50 inmuebles para destinarlos a la reparación del Teatro San Martín y licitar la construcción y explotación de un centro cultural gastronómico bajo autopista AU1.

Para el final quedaba la polémica para borrar del Código Contravencional porteño la posibilidad de que «por razones de supervivencia» puedan desempeñarse en el espacio público vendedores ambulantes sin autorización.

En cambio llegó la ley que da de baja a la actual licitación por la recolección de residuos, prorroga por dos años los ya prolongados actuales contratos y propone una nueva convocatoria para extender el plazo de la concesión por ocho años. Esa ley casi no ve el recinto por la puja del gremio de camioneros con el Gobierno porteño por el eventual pago de indemnizaciones por despidos. Es que la norma impone a las empresas que resulten adjudicatarias tomar, con el mismo sueldo y antigüedad, al personal de las perdedoras, pero además el sindicato de Hugo Moyano pretendía que por ley se incluya el pago de las indemnizaciones por cambio de firma. Esa disputa quedará para los nuevos pliegos de licitación.

Una despedida del año que coronaba con la designación de los miembros de la Auditoría porteña que presidirá el kirchnerismo.

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