Suspendió Justicia canje de deuda de gasífera

Una medida cautelar solicitada por la ANSES y dictada por el Juzgado Comercial N° 2 ordenó a Transportadora de Gas del Norte (TGN) suspender el proceso de acuerdo preventivo extrajudicial (APE) iniciado por la deuda en Obligaciones Negociables por u$s 347 millones.

El acuerdo había logrado una adhesión del 88% de los tenedores de ON de TGN en una asamblea realizada el 14 de octubre. La ANSES, que posee un 7,6% (alrededor de u$s 22 millones), no impugnó la asamblea pero la denunció en la Justicia y solicitó una medida cautelar con el argumento de que la empresa había utilizado una estrategia «engañosa» para convencer al resto de los acreedores.

Según informó TGN a la Bolsa, el 30 de diciembre el Juzgado Comercial N° 2 dispuso hacer lugar a la cautelar pedida por la ANSES y suspender preventivamente las resoluciones adoptadas en las asambleas de titulares de ON del 14 y el 16 de octubre, en las que se obtuvo la adhesión al canje por el equivalente al 88% de la deuda, siendo el 67% el monto suficiente para el APE.

La Justicia también ordenó dejar sin efecto provisionalmente la suspensión de las acciones patrimoniales contra TGN. Además, dispuso suspender el tratamiento de las denuncias e impugnaciones contra el APE, y el dictado del pronunciamiento homologatorio.

La presentación judicial de la ANSES contra el proceso de renegociación de TGN sigue la misma línea de un informe del Enargas sobre el tema, conocido a fines de octubre. Según ese documento, «cabe dudar que TGN tenga asegurado el concepto de empresa en marcha y que disponga de suficiente control para asegurar una prestación sin sobresaltos de las obligaciones de la licencia de transporte que le fue otorgada».

El ente regulador, que mantiene intervenida a la gasífera desde diciembre de 2008 cuando se declaró en default, también indicó que «es altamente probable que en 2016 la empresa tenga que declarar un nuevo default o quizás antes, o al menos iniciar un nuevo proceso de reestructuración». Tanto la ANSES como Enargas parecen responder a una decisión política del Gobierno, que preferiría que los accionistas -entre los cuales se encuentran Techint y la francesa Total- hagan aportes de capital y retiren los juicios contra el Estado nacional en tribunales internacionales.