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Tambalea la amnistía: dan 25 años de cárcel al ex dictador Álvarez
Gregorio «Goyo» Álvarez en una foto de archivo. Se le atribuyen desapariciones y asesinatos y los «vuelos de la muerte» entre Montevideo y Buenos Aires en los años de plomo.
La sentencia, comunicada por el juez Luis Charles, se conoció tres días antes de que los uruguayos se pronuncien en un plebiscito sobre la posible nulidad de la ley que amnistió las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías que sirvieron al último gobierno de facto (1973-1985).
Aunque había sido acusado en un principio del delito de «desaparición forzada», finalmente «Goyo» Álvarez, de 83 años, fue encontrado culpable de «homicidio especialmente agravado» de 37 opositores y también de un delito de «lesa humanidad».
Álvarez no se presentó ayer ante el Juzgado de Montevideo que llevaba su caso, tras alegar que padecía problemas digestivos que le impedían dejar la prisión.
El juez Charles también comunicó la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau, acusado también de «homicidio especialmente agravado», aunque referido a 29 personas.
Álvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de «reiterados delitos de desaparición forzada» y traslados clandestinos de detenidos desde la Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, en los años 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya, de la que fue presidente desde 1981 hasta su fin, en 1985.
El ex dictador fue condenado a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze, que ha liderado la campaña judicial contra la Ley de Caducidad que llevó a que el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la norma en tres de sus artículos.
La Fiscalía entendió durante el procesamiento de Álvarez que debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
En declaraciones a radio El Espectador el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, señaló que esta condena es un fallo histórico que afecta a «crímenes de lesa humanidad».
«Está demostrando que se puede acceder a la verdad a través de la Justicia. Tengamos presente que aquí se trata de familias uruguayas que fueron trasladadas desde la Argentina a Uruguay y la verdad oficial todavía no reconoce el traslado clandestino por parte de las Fuerzas Armadas», dijo Goldaracena.
La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 y ratificada en 1989, pero el Gobierno del Frente Amplio, llegado al poder en 2005, dejó fuera de su alcance una serie de casos, todos ellos relacionados con la desaparición o asesinato de disidentes uruguayos.
Así, la causa abierta contra Álvarez había sido declarada por el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez al margen del amparo de la Ley de Caducidad, al referirse su procesamiento al delito de «desaparición forzosa», relacionado con las acciones del llamado Plan Cóndor.
El plan aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años 70 para acabar con opositores y disidentes, más allá de los propios territorios nacionales.
La dictadura de Uruguay dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. En la Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.
La inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad ya había sido proclamada hace unos meses por el Parlamento y el Ejecutivo uruguayos, dominados por la coalición de izquierdas Frente Amplio.
La activista de derechos humanos Irma Leites afirmó que «no es una coincidencia» que se haga el anuncio de la condena a Álvarez a unos días del plebiscito, que coincide con unas elecciones generales en las que el Frente Amplio parte como favorito, y en la misma semana en que la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Caducidad.
Agencias EFE, Reuters y DPA
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