Tarifas: Cristinismo ahora pide concursos en entes reguladores

La senadora Silvina García Larraburu quiere que no accedan "quienes en los últimos tres años hayan sido accionistas o socios, o dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado o, de cualquier otra forma, prestado servicios a las personas sujetas al control del respectivo ente".

Silvina García Larraburu.

Tras años de descontrol durante la era K, Unidad Ciudadana ahora exige concursos públicos para quienes integren los entes reguladores de servicios públicos. La senadora cristinista Silvina García Larraburu (Río Negro) presentó un proyecto de ley para activar dicho mecanismo, al que no podrán acceder “quienes en los últimos tres años hayan sido accionistas o socios, o dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado o, de cualquier otra forma, prestado servicios, a las personas sujetas al control del respectivo ente”.

“Unos de los reaseguros de la recuperación del adecuado funcionamiento de los entes reguladores es asegurar su independencia absoluta de aquellos que van a ser objeto de su tarea fiscalizadora. Un camino en tal sentido es que no sean un mero apéndice del Poder Ejecutivo y una agencia de los operadores y concesionarios, lo que se facilita disponiendo que sólo se acceda a sus cargos directivos por concurso y sin condicionamientos laborales o profesionales previos. Este método no asegura el resultado, pero sin duda mejora el cuadro presente”, argumentó García Larraburu, quien en abril del año pasado abandonó el bloque peronista para unirse a la bancada de la expresidente.

El proyecto en cuestión apunta en sus artículos a la ley de provisión de agua potable, la de privatización de gas del Estado, la del régimen de energía eléctrica y el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). “Es muy probable que si los Entes actuales contaran con administradores seleccionados de esta manera, y a la vez se controlara por la Auditoría General de la Nación, de manera periódica y constante el desempeño y la tutela de los intereses de los usuarios, muchos males se habrían evitado”, señaló la legisladora.

Para Larraburu, “se habría impedido la alta conflictividad entre los prestadores y los usuarios afectados, que ha dado lugar a numerosos procesos judiciales de amparo y hasta una intervención morigerante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Sobre este punto, la senadora expresó: “Como en la mayoría de los casos, la judicialización de los problemas de gestión es no solo una duplicación de estos, sino también una medida tardía que sobreviene cuando el daño ya está producido y con el fin de mitigarlo o repararlo y no evitarlo. Las facultades que actualmente poseen los entes reguladores, si se hubieran ejercitado con independencia y atendiendo a los fines de su creación, habrían evitado innumerables problemas sociales y costos de igual especie, erradicando abusos y situaciones intolerables”.

La semana pasada, la diputada nacional ultra K Fernanda Vallejos, una de las economistas de referencia de la exjefa de Estado, dio a conocer un informe -que publicó Ámbito Financiero- que sugiere el regreso de los precios del gas, luz, agua y transporte a 2015 -y con salarios actuales-, con actualizaciones trimestrales y subsidios por “la diferencia entre los costos del sistema y el precio que paguen los consumidores”, que se eliminarán “a medida que el salario y las jubilaciones aumenten en términos reales”.