Teme Francia que la huelga frustre su reactivación

La Policía arriba a la refinería Fos-sur-mer, luego de que sus empleados habían decidido levantar el bloqueo total que mantenían desde hace más de una semana. El grave desabastecimiento en las estaciones de servicio había comenzado a mermar.

París - El desbloqueo de tres refinerías y varios depósitos de combustible marcó ayer un cierto alivio en la tensión social en Francia, desatada por la oposición a la reforma de las jubilaciones lanzada por Nicolas Sarkozy, en momentos en que el Gobierno y analistas temen por el daño que provocarán las protestas generales a la debilitada economía.

En esas refinerías, incluyendo la de Fos-sur-Mer, los trabajadores votaron ayer a favor de reanudar el trabajo por primera vez desde que comenzó la huelga, hace más de una semana. Con esto, nueve refinerías, de las doce con que cuenta el país, continuaban con las medidas de fuerza.

El sector estratégico del petróleo es la punta de lanza del movimiento de protesta de los sindicatos contra el proyecto de reforma de las jubilaciones impulsado por el Gobierno. Ayer, en plenas vacaciones de otoño (boreal), la situación se mantenía tensa, con una estación de servicio de cada tres con problemas de abastecimiento, cifra que se redujo a la noche a un 25%.

La impopular reforma aumenta de 60 a 62 años la edad mínima para poder jubilarse y de 65 a 67 años la edad para hacerlo con una pensión completa. Además, prolongará a 41,5 años la duración mínima del período de aportes. El texto será adoptado definitivamente mañana por el Parlamento, después de que ambas cámaras consensuaron ayer un texto común.

A pesar del anuncio, los sindicatos no bajan los brazos. Este jueves prevén realizar nuevas manifestaciones y mantener la presión en los sectores de la energía y del transporte.

En ese sentido, la ministra de Economía, Christine Lagarde, señaló ayer que el costo de las huelgas podría ser valuado en «200 a 400 millones de euros diarios». Sobre la base de esos cálculos, el costo total de las ocho jornadas de paro sería de entre «1.600 millones y 3.200 millones de euros».

Por ese motivo, Lagarde lanzó un nuevo «llamado a la responsabilidad», y manifestó el deseo de que las actividades se reanuden «lo antes posible en condiciones normales».

En momentos en que Francia recién comienza a salir de la crisis, con un desempleo de casi un 10%, Lagarde también subrayó que «no hay que perjudicar esta recuperación de la economía francesa», insistió.

Los economistas expresaron diferentes opiniones sobre el costo de las protestas. «No estoy segura de qué tomó en cuenta el Ministerio de Economía para su estimación, pero parece un poco alta con respecto a movilizaciones previas», afirmó la analista de Barclays Laurence Boone.

La especialista señaló que si bien los bloqueos de refinerías pudieron elevar los costos, éstos no llegarán a reducir significativamente el crecimiento trimestral.

Sin embargo, Marc Touati, economista de Global Equities, dijo que el costo estimado por el Gobierno «parece razonable». «La situación se está prolongando», opinó. «Teníamos una leve recuperación, pero esto podría revertirla. También está el problema de la credibilidad internacional, que puede ser muy doloroso», enfatizó.

Las protestas contra la reforma de las jubilaciones constituyen la mayor crisis para Sarkozy desde su elección, en 2007. A mediados de octubre, entre 1,2 millón (según el Ministerio del Interior) y 3,5 millones de personas (de acuerdo con los sindicatos) salieron a las calles para exigir una modificación de la normativa, considerada «injusta» por la oposición y gran parte de la opinión, pero «indispensable» por el Gobierno.

Sarkozy, que se volvió muy impopular, advirtió que no cederá con esta reforma, con la cual espera fortalecerse antes de una reestructuración de gabinete con miras a la elección presidencial de 2012.

«La cuestión de la jubilación permanecerá como el principal fiasco del Gobierno», sostuvo por su parte el ex primer ministro socialista Laurent Fabius.

El lunes, el portavoz del Partido Socialista, Benoît Hamon, volvió a criticar un proyecto «injusto» y se unió a la CGT, uno de los principales sindicatos, para pedir al mandatario que «no promulgue la ley».

Los gremios prometieron ir «hasta las últimas consecuencias», con una nueva jornada nacional de huelgas y manifestaciones el jueves, otra el 6 de noviembre, y manifestaciones estudiantiles para hoy.

Agencias ANSA, AFP, Reuters, EFE y DPA