El principal recelo es que la decisión -adoptada el martes en una ajustada votación por tres a favor frente a dos en contra, y que sentará precedente para casos futuros- haga que los ejecutivos desistan de firmar acuerdos de colaboración con los investigadores.
En declaraciones que divulgó ayer el diario Folha de Sao Paulo, los propios abogados de los sospechosos, que estaban presos en forma preventiva en un penal de Curitiba desde noviembre, coincidieron en que habrá menos acuerdos de ese tipo tras la resolución.
"El número de delaciones caerá, ya que fueron usadas como puerta de entrada y salida de la prisión preventiva", dijo Antonio Mariz de Oliveira, abogado del vicepresidente de la empresa Camargo Correa, Eduardo Leite.
Hasta ahora, la Justicia del estado de Paraná, donde se tramita el caso, sólo había concedido el régimen domiciliario a aquellos que ya habían firmado acuerdos de "delación premiada", que otorgan beneficios en las penas a cambio de que el implicado suministre detalles de los fraudes.
"Lo arrestan para delatar y lo sueltan porque delató, dijo Oliveira al destacar la importancia de esos acuerdos. Su cliente, por ejemplo, obtuvo permiso para permanecer preso en su casa gracias a que firmó hace meses un acuerdo de colaboración.
Esos acuerdos fueron los que hicieron posible, en un primer momento, que la red ilegal que operó en la petrolera entre 2004 y 2012, desviando unos 4.000 millones de dólares en concepto de sobrefacturación de obras, fuera desmantelada. Más tarde, sirvieron para que las investigaciones avanzaran hasta desentrañar la forma de actuación del grupo y que varios de los partícipes de los fraudes estén procesados.
En su edición de ayer, el diario O Globo afirmó a su vez que también los investigadores recelan de la decisión del Supremo.
"Ahora es más difícil que (los sospechosos) realicen nuevas revelaciones. Antes, la libertad era un triunfo que nosotros teníamos para convencerlos de hablar más", dijo uno de ellos al diario carioca.
Otros abogados interpretaron la decisión judicial como una forma de frenar la hasta ahora implacable actuación del juez federal Sergio Moro, responsable del caso en la petrolera estatal.
La mala recepción social a la decisión judicial quedó resumida en una declaración de Dircéo Torrecillas Ramos, profesor universitario y miembro de la Comisión de Enseñanza Jurídica de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB). Según éste, "socialmente, la decisión del STF causa un impacto negativo, ya que da la impresión de que los contratistas del Estado están siendo beneficiados. Esto termina provocando frustración en la gente. Al final, se desviaron miles de millones de reales de Petrobras, los empresarios llegaron a confesar los crímenes, hubo delaciones premiadas, etcétera. Pero queda en el aire un clima de impunidad".
"El Supremo rescata una de las características más importantes, el derecho de defensa del acusado, que es la expresión mayor de una democracia", dijo como contrapartida, el abogado Alberto Toron, quien defiende al presidente de la empresa UTC, Ricardo Pessoa.
Pessoa fue apuntado por los investigadores como el coordinador del llamado "club de las constructoras", un cartel que habrían formado las más grandes empresas contratistas de Petrobras, que habría sido el encargado de repartir las obras entre las "socias" del club.
Según la prensa, Pessoa estaba a punto de firmar un acuerdo de delación que era considerado crucial por los investigadores, ya que haría revelaciones sustanciosas sobre la participación en los fraudes de políticos oficialistas. Sin embargo, el relator del caso, el ministro del Supremo Teori Zavascki, entendió que la prisión preventiva de Pessoa representaba una anticipación de la pena.
Además de Pessoa, y como extensión del fallo que logró, la medida beneficia a José Ricardo Nogueira Breghirolli, Agenor Franklin, Mateus Couti-nho y José Aldemário Filho, ejecutivos de la también constructora OAS; a Sergio Mendes, dirigente de la empresa Mendes Júnior; a Gerson Almada, ejecutivo de Engevix; a Erton Medeiros, de Galvao Engenharia, y a Joao Ricardo Auler, de Camargo Correa.
Los directivos obtuvieron el derecho a la prisión domiciliaria y tendrán que usar una tobillera electrónica para que puedan ser controlados.
Además de la vigilancia con tobillera electrónica, los beneficiados, hasta acá presos en las celdas de la Policía Federal brasileña en la ciudad de Curitiba, tendrán que presentarse ante un tribunal cada quince días.
La máxima corte también condicionó la liberación a que los acusados entreguen sus pasaportes y a que se comprometan a no entrar en contacto con otros implicados en el proceso.
| Agencias DPA y AFP, y Ámbito Financiero |
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