Temen sanciones si cae la ley “antiterrorismo”

El ministro Julio Alak advirtió ayer que la derogación de las leyes que penalizan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo "dejaría expuesto al país a sanciones en el orden internacional", por el no cumplimiento de convenciones internacionales asumidas oportunamente.

"La Argentina no puede estar ajena al orden jurídico internacional en un tema tan sensible como el terrorismo; máxime luego de los trágicos atentados perpetrados por el terrorismo internacional contra la Embajada de Israel y la AMIA, que causaron centenares de muertos y heridos. Por todo ello, el país debía receptar especialmente esas convenciones", sostuvo Alak en declaraciones radiales.

La Argentina, hasta la sanción de esa norma, no tenía previstas sanciones al terrorismo en razón de que habían sido derogadas las que rigieron en el país dictadas por regímenes de facto.

En medio de la iniciativa de la oposición en la Cámara de Diputados para derogar la ley antiterrorista, el ministro recordó que "el Poder Ejecutivo no aplica la ley penal", sino que "solamente hace las denuncias", y que la aplicación "es una facultad exclusiva de los jueces".

La oposición, por su lado, le dio una mano al ministro cuando la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, convocó a ese cuerpo y logró emitir un dictamen que propone la derogación de la ley antiterrorista, la misma que Cristina de Kirchner anunció se iba a aplicar en el caso de la quiebra de la imprenta Donnelley, pero que finalmente terminó diluyéndose en un equívoco presidencial.

Ese dictamen opositor es de minoría, es decir, que aunque en algún momento se diera el milagro que el kirchnerismo permitiera que llegara al recinto con chances de ser debatido, al ser de minoría entraría a la cola del dictamen de mayoría oficial. El PRO, la UCR, el GEN, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Libres del Sur firmaron el despacho en minoría que, por ahora, le mostró utilidad sólo al Frente Renovador, que, una vez más, se abrió del grupo opositor y anunció una propuesta propia. No hubo ayer ni un solo oficialista en el encuentro, lo que impidió el quórum.

Alak destacó en sus declaraciones que "en reiteradas oportunidades organismos especializados en política criminal de Naciones Unidas advirtieron la necesidad de perseguir y sancionar el flujo de capitales que financian las actividades terroristas en el mundo, motivo por el cual el Congreso argentino sancionó normas que le otorgan al país los máximos estándares internacionales en la materia".

En tal sentido, subrayó que la Argentina "se encontraba obligada a incorporar al derecho penal interno los compromisos asumidos cuando firmó la Convención Interamericana contra el Terrorismo -suscripta por todos los países del continente americano-, mediante la Ley 26.023".

Alak remarcó además que la Argentina también suscribió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, a través de Ley 26.024, firmado por la mayoría de los países de mundo.

Y explicó que "en el año 2000, durante el Gobierno de la Alianza, la Argentina ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como miembro pleno, y se comprometió desde entonces a cumplir con los más altos estándares normativos en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y el financiamiento del terrorismo".

"Posteriormente, el GAFI advirtió déficits en la normativa interna que derivaron en la inclusión de la Argentina en un listado de países en seguimiento intensivo con posibilidad de recibir severas sanciones", agregó.

Señaló, al respecto, que tras cuatro años de trabajo en los cuales se introdujeron importantes reformas, en julio pasado "la Argentina recibió las felicitaciones de la presidencia del GAFI y de todos los Estados miembros y se ordenó la salida del seguimiento intensivo".

"La derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional y por el GAFI en especial, que consideraría esa medida un retroceso incomprensible e inaceptable", remarcó.

Por otra parte, Alak recordó que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación con amplia mayoría de legisladores: 134 votos afirmativos y 90 negativos en Diputados, y 39 votos de a favor y 22 en contra en el Senado. Esa norma prosperó en el Congreso a raíz de un acuerdo discreto del oficialismo con la oposición de manera de cumplir con los requerimientos del GAFI. Por ese acuerdo hubo en el recinto de los diputados una coreografía de ausencias, presencias, votos a favor y en contra que permitió que cada sector salvase su posición pero que la norma lograse ser ley y la Argentina tuviera una norma antiterrorista.