El secretario general de la Presidencia había asumido luego de ser mencionado en la delación de Odebrecht.
Brasilia - La causa "Lava Jato" se cobró ayer una nueva víctima en Brasil cuando la Justicia ordenó la salida del Gobierno del ministro Wellington Moreira Franco, el séptimo funcionario que deja el gabinete del presidente Michel Temer sospechado de corrupción.
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El juez federal Eduardo Rocha Penteado suspendió el nombramiento que otorgaba rango ministerial, y por lo tanto fueros privilegiados, a Moreira Franco, uno de los principales asesores de Temer, por estar citado en delaciones del escándalo de corrupción de Petrobras.
Moreira Franco, que estaba al frente de un programa de proyectos de inversiones público-privadas (PPI), fue nombrado el 3 de febrero secretario general de la Presidencia.
Pero el juez dejó provisoriamente sin efecto ese nombramiento, considerando que el flamante ministro había sido "mencionado, con contenido comprometedor, en la delación de los 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht en el ámbito de la operación 'Lava Jato'", que investiga los sobornos pagados por empresas a políticos y partidos para obtener licitaciones en la petrolera y aprobar leyes de su interés.
Rocha Penteado hizo notar además en su medida cautelar que ese nombramiento se produjo "apenas tres días después" de que las delaciones de Odebrecht fueran oficialmente incluidas en el expediente del caso.
Al adquirir fueros privilegiados, cualquier investigación contra Moreira Franco en el ámbito de "Lava Jato" quedaría en manos del Supremo Tribunal Federal (STF) y no de la Justicia ordinaria.
La asesoría de prensa de Temer afirmó que la Abogacía General de la Unión recurrirá la decisión cautelar, que debe ser revisada por un juzgado de segunda instancia.
Rocha Penteado compara la situación de Moreira Franco con la del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que en marzo de 2016 fue nombrado ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete) de la expresidenta Dilma Rousseff, pero fue de inmediato apartado de su cargo por orden judicial.
En la medida que impidió a Lula ser ministro se consideró que Rousseff buscaba ante todo librarlo de la Justicia ordinaria que investigaba denuncias de corrupción en su contra.
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