28 de febrero 2012 - 00:00

Tierra del Fuego prohibió amarrar a dos cruceros

Los turistas a bordo de los buques Star Princess y Adonia no pudieron desembarcar en la escala de Ushuaia por una decisión de la gobernadora Fabiana Ríos que dejó en crisis a la Cámara de Turismo local.
Los turistas a bordo de los buques Star Princess y Adonia no pudieron desembarcar en la escala de Ushuaia por una decisión de la gobernadora Fabiana Ríos que dejó en crisis a la Cámara de Turismo local.
En medio de la tensión con Gran Bretaña por el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas, el Gobierno de Tierra del Fuego prohibió ayer amarrar a dos cruceros turísticos ingleses, propiedad de la empresa Carnival Corporation, con capacidad para cerca de 5.000 pasajeros. La medida adoptada por la gobernadora oficialista Fabiana Ríos provocó, sin embargo, el malestar de la Cámara de Turismo local, que consideró que este tipo de embarcaciones no deben verse afectadas por el tema de las islas.

En este contexto, el ministerio británico de Relaciones Exteriores dijo estar «muy preocupado» por este rechazo argentino. «No puede haber ninguna justificación para interferir en un comercio libre y legítimo», declaró un portavoz.

«Los diplomáticos británicos en la Argentina están tratando de aclarar urgentemente las circunstancias que rodean este incidente, y estamos en contacto con la compañía afectada», agregó en un comunicado el ministerio.

Las embarcaciones, Star Princess y Adonia, son cruceros de lujo de 289 metros de eslora (longitud) que ya habían atracado en la ciudad austral en varias oportunidades durante los últimos años.

Las autoridades de las naves fueron notificadas de la prohibición durante la mañana cuando navegaban por el Canal Beagle frente a la ciudad chilena de Puerto Williams, por lo que tuvieron que retomar su curso presumiblemente hacia la ciudad trasandina de Punta Arenas.

En tanto, desde la Dirección Provincial de Puertos (DPP) señalaron que la iniciativa fue por expresa orden de la gobernadora, luego de la declaración emitida por legisladores nacionales en su provincia, en reclamo por la soberanía, y fundamentaron su decisión en el contenido de la ley provincial 852, que prohíbe en su artículo 2 la «permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia».

En este sentido, la gobernadora explicó «se dio parte a la Cancillería y no habiendo recibido una autorización hasta momentos antes de la llegada del buque, se decidió que el barco no amarrara».

Una de las naves llevaba la bandera de las islas Bermudas, una colonia inglesa en América del Norte, que a los efectos de la ley provincial ingresa en la categoría de «banderas de conveniencia». La otra, el Adonia, tiene su puerto de origen en Gran Bretaña.

La aplicación de la denominada ley «Gaucho Rivero» -sancionada el 25 de agosto de 2011- generó polémica, porque estaba pensada para barcos que realicen «tareas relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales, o a buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina». Sin embargo, en esta oportunidad los funcionarios interpretaron que se debe incluir a la actividad turística.

Frente a esta situación, el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Marcelo Lieti, se mostró contrariado y consideró que lo ocurrido «nada tiene que ver con el tema Malvinas».

«Hay que tratar la cuestión con mucho cuidado. Todos defendemos Malvinas, pero los cruceros de turismo no se relacionan con el pedido de soberanía», enfatizó en declaraciones a Radio Provincia de Ushuaia.

«Si queremos hacer daño a los ingleses, el daño se hizo a todos los que tenían que trabajar con esos barcos», se quejó Lieti.

El malestar del funcionario responde a la expectativa económica centrada en el arribo de los buques, motivo por el cual conductores de taxis, operadores turísticos, los guías de paseos en zonas de vida salvaje y empleados de restoranes habían aceptado trabajar este feriado, para ofrecer servicio a más de 5.000 pasajeros.

En tanto, el titular de la DPP fueguina, Alejandro Berola, confirmó que la decisión fue tomada siguiendo «expresas instrucciones» de la gobernadora Ríos. Y admitió la existencia de un pedido por escrito realizado por excombatientes de Malvinas y sindicatos portuarios.

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