Tragedia de Once: juez multó a TBA

El juez federal Claudio Bonadío multó con $ 1.000 por día ayer a Trenes de Buenos Aires (TBA) por no retirar de circulación los trenes con «cabinas auxiliares», como le había ordenado la semana pasada. Así se lo informó el magistrado al interventor del Gobierno en la concesionaria, Raúl Barido, y le advirtió que esta sanción iba a ser diaria, hasta que no se modificara la situación. En uno de estos vagones viajaba Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas de la tragedia de la estación de Once, quien fue encontrado recién 48 horas después del accidente.

Desde el juzgado de Bonadío informaron que ayer se había enviado un oficio al responsable de la intervención -que finalizará, según precisaron en la Secretaría de Transporte, cuando se conozcan los primeros resultados de los peritajes técnicos- en la que se notificaba sobre el «incumplimiento» de la orden judicial. En ese escrito, recordaron, el juez también advertía sobre la posible aplicación de multas en caso de que no se retiraran de circulación las «cabinas auxiliares».

El magistrado tomó esta decisión, luego de que personal de su juzgado confirmara la entrada y salida de formaciones en las que no estaban selladas las «cabinas auxiliares», por lo que la aplicación de la multa fue establecida a partir de ayer y en forma diaria hasta tanto la empresa no modifique la situación. Según los cálculos de los investigadores del caso, la orden a TBA se refiere precisamente a las formaciones 2301 y 1516 de la formación H de la línea Mitre, y la 2197 del ramal Sarmiento.

El caso de Lucas Menghini Rey provocó especial indignación por el tiempo que se tardó en encontrarlo. Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que parte el problema fue precisamente la orden judicial de preservar lo menos alterada posible la escena del accidente, para que en el futuro la investigación no pudiera ser cuestionada.

Por otro lado, Bonadío aceptó ayer el pedido de un grupo de víctimas de fijar un embargo de $ 1.000 millones a todos los funcionarios y directivos de TBA que tenían prohibido salir del país, pero con un detalle: señaló que, para hacerse efectivo, los demandantes debían depositar una contracaución del 10% de lo solicitado, es decir, $ 100 millones. El magistrado se basó en lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial. La defensa de las víctimas, sin embargo, rechazó de manera tajante la medida y sostuvo que, en general, en los casos donde hay víctimas el juez sólo pide una contracaución juratoria. El abogado Gregorio Dalbón, que representa a numerosas víctimas, aseguró que hoy pedirá a la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña un peritaje psiquiátrico para el magistrado por esta resolución. Un capítulo más de la oposición del abogado a una pesquisa ya cuestionó varias veces.