Tras la pista de los audios que comprometen a G. Centurión

El juez federal Ariel Lijo continúa avanzando en la investigación por irregularidades en la Aduana, que se inició a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad y que derivó en la remoción e imputación del jefe de ese organismo, Juan José Gómez Centurión, un funcionario de máxima confianza del presidente Mauricio Macri.

En ese sentido, el magistrado dispuso un procedimiento en las oficinas aduaneras con la finalidad de proceder al secuestro de dos computadoras y varias agendas de la secretaría privada del extitular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, Lijo busca conseguir los números telefónicos de las personas mencionadas en la denuncia que hizo la cartera que conduce Patricia Bullrich, entre ellos el empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias "Cuqui", el otro imputado en la causa.

El magistrado realizará un cruce telefónico para buscar conexiones con la información de los audios adjuntados a la denuncia, que fueron los detonantes del escándalo. Según dejaron trascender desde el juzgado, solamente existen cuatro grabaciones .

El juez ya había cursado un pedido a varios organismos públicos, entre ellos la AFIP y la UIF, para que envíen datos de los denunciados. La primera medida dispuesta por Lijo había sido el secuestro de los videos de las cámaras de seguridad del Buenos Aires Design, en Recoleta, donde supuestamente Gómez Centurión mantuvo una reunión con "Cuqui" Barreiro Laborda.

Una vez consumada su salida, Gómez Centurión aseguró que es inocente y apuntó a las mafias enquistadas en la Aduana. "Yo sabía que ir contra ellos iba a traer consecuencias", señaló el exfuncionario en varias entrevistas. No faltaron las voces -incluso dentro del gabinete de Mauricio Macri- que deslizaron la posibilidad de que pudiera tratarse de una "operación" para desplazar a un funcionario a quien muchos tildan de "incorruptible". Incluso su condición de excombatiente de Malvinas generó una manifestación pública de apoyo proveniente de sus excompañeros de trinchera nucleados en asociaciones de veteranos de guerra.

Gómez Centurión ya se puso a disposición de la Justicia y presentó a sus abogados defensores, Alejandro Pérez Chada (abogado del presidente Mauricio Macri) y Hugo Wortman Jofre.