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Tras la pista de Nisman, Gobierno relanza pelea contra exespía Stiuso
El dictamen de la Procuración -ahora debe decidir la Corte- es además un estiletazo político porque no se centra en las cuestiones de secreto de Estado sino que utiliza los tiempos procesales y las nociones de "tiempos razonables" para reforzar la posición de Gustavo Beliz y al mismo tiempo fustigar al exgerente de la clandestinidad. Gils Carbó agregó de este modo un nuevo capítulo a una contienda a veces más notable y otras más sigilosa pero presente desde que asumió la jefatura del Ministerio Público. El emisario de las hostilidades habría sido, años atrás, el fiscal Germán Moldes.
Esa resolución se complementa con la comisión que organizó Gils Carbó para monitorear el traspaso de la oficina de escuchas judiciales de la SIDE a la Procuración. La integran Alberto Binder (uno de los ideólogos de la reforma judicial y promotor del sistema acusatorio), Félix Crous (Justicia Legítima), León Arslanian (que declinó ser candidato del kirchnerismo a la Corte en lugar de Eugenio Zaffaroni) y Marcelo Saín, del partido de Martín Sabbatella a cargo de la fallida guerra judicial del kirchnerismo contra Clarín. Cada nombre es un mensaje en sí mismo pero que sumados no alcanzan a develar la principal incógnita que tiene por delante el Ministerio Público en su función de espionaje: conocer si se puede controlar que no existan escuchas ilegales (las legales, autorizadas por jueces, rara vez fueron un problema, salvo en el caso del alcalde Mauricio Macri, un opositor que para colmo fue investigado por Norberto Oyarbide).
El origen de la convocatoria a Stiuso (que observa los acontecimientos desde Uruguay) se dio en la unidad de la causa AMIA. Cuando el equipo de fiscales que reemplazó a Nisman comenzó a revisar la información existente se encontró notables inconsistencias. Al parecer, en la fiscalía ubicada frente a Plaza de Mayo, salvo desgrabaciones de escuchas, no hay prácticamente nada. Los documentos faltantes estarían en la SIDE. Hacia allí partió un oficio que al no conseguir resultados dio lugar a un movimiento más agresivo: citar a Stiuso para averiguar si conoce el paradero de los archivos de Nisman. Es la SIDE la que debe responder ante los fiscales que reemplazaron a Nisman.
La celeridad en estos trámites constituye la principal respuesta que por estas horas el oficialismo les puede dar a los referentes de la comunidad judía. Es en ese terreno donde la última semana se registraron movimientos tendientes a configurar un grupo de dirigentes que intente restablecer los vínculos con el kirchnerismo en su etapa final. Gestiones que corren por cuenta de Aníbal Fernández.
El oficialismo insiste con su guerra contra Stiuso bajo la percepción de que es una cruzada que le ha generado aliados impensados, como el juez Rodolfo Canicoba Corral o Claudio Bonadío, ambos enemigos del espía y ambos en posiciones estratégicas en dos affaires de alta densidad política: el caso AMIA y la trama Hotesur.


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