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Trump dejó a casi 800 mil jóvenes inmigrantes al filo de la deportación
Beneficiaba a quienes llegaron de niños sin papeles a EE.UU., conocidos como “soñadores”. El tema es sensible, pero el presidente privilegió el rechazo de buena parte de su base electoral al ingreso de extranjeros. El Congreso deberá elaborar una ley alternativa antes de marzo.
Duro. El fiscal general (secretario de Justicia) de EE.UU., Jeff Sessions, un cruzado contra la inmigración, fue ayer el encargado de anunciar el fin del programa que protegía a los inmigrantes jóvenes.
La decisión provocó un terremoto político y hubo indignadas protestas frente a la Casa Blanca, en Washington, y la Torre Trump, en Nueva York, entre otros lugares.
Javier Palomarez, presidente de la Cámara de Comercio Hispana- estadounidense, anunció su renuncia al Consejo por la Diversidad de la Casa Blanca.
El Partido Demócrata, con sus miembros hispanos en primera línea, y las asociaciones de defensa de los inmigrantes y de los derechos civiles condenaron una decisión que incluso miembros del Partido Republicano de Trump habían pedido evitar.
Pese a eso, el magnate cumplió con una de sus principales promesas de campaña y atendió el llamado de los fiscales generales de nueve estados conservadores, encabezados por Texas y que habían amenazado con interponer ayer mismo una demanda contra el Gobierno si no derogaba el programa.
La decisión de Trump no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, dentro de seis meses, período en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados, conocidos como "soñadores" ("dreamers").
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, que la semana pasada le había pedido a Trump mantener DACA, anunció ayer que buscará consenso con los líderes del Senado para aprobar una ley migratoria, un proyecto que fracasó en anteriores ocasiones debido a los desacuerdos entre demócratas y republicanos.
Actualmente, el Congreso está debatiendo diferentes propuestas migratorias, entre las que destaca un proyecto legislativo que consiguió el respaldo de Trump y que propone reducir a la mitad el número de inmigrantes que consiguen la residencia permanente, permiso conocido como "green card" (tarjeta verde).
Hasta que se apruebe una ley, aquellos que están inscritos en el programa DACA podrán usar sus permisos de trabajo hasta que expiren, pero si esos permisos caducan antes del 5 de marzo, entonces deben renovarlos antes del 5 de octubre, según informó hoy el Departamento de Seguridad Nacional, con competencias en inmigración.
Mientras tanto, los agentes fronterizos seguirán dando prioridad a la deportación de aquellos inmigrantes con antecedentes penales, por los que los "soñadores" tendrán en los próximos meses el mismo trato que habían recibido hasta ahora por las autoridades migratorias, según dijo el propio Trump en su comunicado.
El encargado de anunciar el fin de DACA no fue Trump, sino su fiscal general (secretario de Justicia), Jeff Sessions, uno de los miembros del Ejecutivo con posiciones más duras en inmigración.
Sessions se encargó de evaluar la legalidad del programa y concluyó que era "inconstitucional" porque Obama había abusado de su poder ejecutivo, unas conclusiones que transmitió ayer a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke.
Duke rescindió ayer el memorándum que creó DACA el 15 de junio de 2012 y, con esa acción, el programa quedó en suspenso.
| Agencias EFE, Reuters, AFP, DPA y ANSA |


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