• DESPIDOS Y "CAJA". ¿SORPRESA CON LIBERTAD SINDICAL?
Hugo Moyano verá hoy en Casa Rosada, junto a la cúpula de la CGT, a Cristina de Kirchner. El diálogo diario, sin embargo, lo mantiene con Néstor Kirchner.
Hugo Moyano prometió calma, orden y una agenda acotada. Pero el índice de satisfacción con que esta noche los caciques gremiales dejen la Casa Rosada, tras ver a Cristina de Kirchner, dependerá -avisó el camionero- de la destreza presidencial para dulcificar fieras.
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En criollo, el jefe de la CGT levantará el blindaje y dejará fluir la metralla de reproches que suele escuchar en su oficina de Azopardo. En rigor, la secuencia de quejas fue lo que empujó al camionero, la semana pasada, a pedir una audiencia con la Presidente.
Un doble mensaje: a la CGT, para fingir que despersonalizará la relación con el Gobierno y la coparticipa con los demás; a los Kirchner para que valoren su tarea -en general silenciosa- de aplacar embestidas que, sin su mediación, se estrellarían contra la Casa Rosada.
Simple: Moyano, que se asume como uno de los dos soportes del Gobierno -el otro, donde también incide, es el PJ-, quiere facturar su contribución a mantener la calma callejera. ¿Se dará por bien pagado si le prometen que Graciela Ocaña dejará Salud en julio?
La ministra se hizo acreedora de una medalla ardiente: consiguió que, más allá de la fragmentación en el universo gremial, toda la jerarquía quiera crucificarla. Duro oficio el de Ocaña: sirve como puching ball y ataja trompadas que, se sabe, se dirigen a la Presidente.
Al margen de sus turbaciones, Moyano hizo dos aportes a la moderación en la cita de hoy: excluyó de la comitiva a díscolos como Gerónimo «Momo» Venegas (UATRE) y Abel Frutos (Panaderos), caciques -¿moyanistas?- que se pararon en la trinchera del PJ disidente.
Temario
En paralelo, se esforzó por encorsetar el menú de temas de la charla con la Presidente a dos asuntos: la crisis y su impacto sobre el empleo, y el riesgo de desfinanciamiento que enfrentan las obras sociales, por la retención oficial de 2.500 millones de pesos.
Sin embargo, en las conversaciones de la «mesa chica» entre el lunes y ayer, apareció como inevitable la cuestión de la libertad sindical. Sobre ese punto, un sector de la cúpula sindical considera imprescindible pedir una definición política de Cristina de Kirchner.
Anoche, cerca de Moyano juraban que ese tema no se tocará. No decían lo mismo otros jerarcas, insatisfechos con el argumento que un mes atrás manoteó Carlos Tomada al deslizar que la Casa Rosada nada podrá hacer ante una avalancha de fallos de la Corte Suprema.
El «compañero y amigo» Tomada -así se presentó el ministro en un ácido almuerzo en la UOM- no logra apaciguar el ánimo que reina en la CGT donde se da por sobreentendido que la Casa Rosada y Olivos sabían -y nada hicieron por frenarlo- del fallo contra el monopolio sindical.
De todos modos, la urgencia por el impacto de la crisis podría liberar a la Presidente de ese entuerno. En CGT hay, además, otra mirada: suponen que en la Corte no hay, por estas horas, clima para avanzar con más resoluciones a favor de la libertad sindical.
Otros expedientes, de todos modos, aparecen más urgentes:
La CGT ve con «preocupación» la situación económica y comenzó a detectar una tendencia, cada vez más aguda, de suspensiones y despidos. «Esto no paró», dicen en CGT sobre la crisis. Advierten, además, que se agota el colchón estatal -los subsidios laborales que se gestionan en Trabajo-. La UOM, por caso, negoció preservar los empleos en Tierra del Fuego pero La Fraternidad no pudo, hasta anoche, acordar una suba del 13,5% en los salarios en el transporte ferroviario de cargas. Todo un símbolo: el Belgrano Sur está íntimamente ligado a las exportaciones. En simultáneo, ante Cristina, la CGT admitirá de manera indirecta que se incrementaron los despidos más de lo que se informa. ¿Por qué, si no, le pedirían a la Presidente que eleve el monto de los seguros de desempleo, que en la actualidad son de 450 pesos? No se pedirá un monto específico pero, anoche, sugerían que una cifra razonable sería elevarlo a 600 pesos, cifra que equivale al subsidio que da el Estado a los empleados en procedimientos de crisis. En estos días, se evaluó el modelo español, que además de un monto fijo «más razonable» contempla un programa para contener a los despedidos.
El otro ítem delicado, para algunos urgente -no todos los gremios controlan su obra social, muchos la tercerizan a prepagas o la resignan a otros sindicatos-, es que una orden de Cristina de Kirchner ordene a Ocaña y a Juan Rinaldi, titular de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) que destrabe los 2.500 millones de pesos que la APE no distribuye a las obras sociales por sus prestaciones especiales. Hay una mirada fiscal -se teme que esos fondos hayan ido a parar a otros fines, por la urgencia de caja del Gobierno- y otra política: que, adrede, los Kirchner amparen el «ahogo», según los especialistas gremiales, al que Ocaña somete a las obras sociales al no girarles esos recursos.
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