• FUE ACEPTADO COMO ARREPENTIDO; RECONOCIÓ SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE LOS PEAJES Y SEÑALÓ A CRISTINA Reconoció traslados de bolsos con dinero al sur. Contradijo versión de Betnaza. Roggio y Romero esperan su membresía al club de los “batidores”.
El primer exfuncionario en admitir coimas en el marco de la causa cuadernos fue Claudio Uberti que comprometió directamente a Néstor y Cristina Kirchner con el tráfico de bolsos con dinero no sólo recaudados de los empresarios de corredores viales, sino provenientes de Venezuela. Eyectado del Órgano de Control de Concesiones Viales en agosto de 2007 cuando se destapó el affaire de la valija con u$s800.000 traídos por Guido Alejandro Antonini Wilson fue liberado por el juez Claudio Bonadio y aportó información que confirmaría que no se alejó más allá de su salida formal- del sistema de recolección de fondos que habría implementado el kirchnerismo hasta varios años después. Afirmó que ambos exmandatarios estaban al tanto de cuál era su función y que el dinero era trasladado vía aérea desde Buenos Aires hasta Santa Cruz. Un piloto declaró a raíz de sus dichos confirmando la existencia de valijas en los vuelos. Sería un mecanismo de recaudación independiente al que aparece en los escritos del exchofer Oscar Centeno, pese a que su dirección aparece mencionada en los relatos que se le atribuyen.
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Mientras tanto, Bonadio se aferró a la causa y rechazó el apartamiento que intentó Cristina de Kirchner. Define la Cámara Federal que está acumulando planteos idénticos de funcionarios y empresarios. En tribunales nadie defiende con convicción que el inicio del expediente con las fotocopias de los escritos de una década de los recorridos realizados no sea un clásico "fórum shopping". Sin embargo, la dinámica que adquirió el caso con su alto impacto político (y de amplio espectro) generará como adelantó Ámbito Financiero- que los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia no alteren el rumbo.
Uberti cambió de abogados y se convirtió en el primer hombre ligado al Ministerio de Planificación que admitió no sólo la existencia de pagos, sino el conocimiento de los expresidentes en la maniobra. Por convertirse en imputado colaborador se garantizó su salida de detención menos de 24 horas después de haberse entregado el lunes. Le asignaron custodia. Su pedido de detención se disparó luego de la declaración del N° 2 de Techint, Luis Betnaza que lo involucró directamente en una serie de pagos exigidos por el kirchnerismo para interceder ante Hugo Chávez por la expropiación de SIDOR, perteneciente al holding. La negociación derivó en una compensación de u$s1.900 millones y el ejecutivo reconoció pagos por 1 millón. Fue el primero en correrse del libreto sobre aportes de campaña y generó que Bonadio pida la detención de Uberti. El exfuncionario devolvió gentilezas: ayer mencionó que Techint cursó pagos por aproximadamente u$s50 mil por fuera de la negociación para "preservar la vida" de los empleados de la firma, ante la drástica decisión del chavismo, como fue la versión original. Serían otras fechas no coincidentes con la declaración de Héctor Zabaleta y de su superior, ambos acogidos en el benévolo régimen instaurado por el fiscal Carlos Stornelli. Algo que parece soslayarse ante la proliferación de certificados de arrepentimiento que expide el juzgado de Bonadio, es que los imputados deberán aportar información que sea verificable con prueba independiente o permita ser comprobada.
El que no la tiene sencilla hasta ahora es Aldo Benito Roggio, titular de la firma homónima, cuyo carnet al club del arrepentimiento aún no fue aprobado por el juez. Pese a haberse apurado el viernes para solicitar la excepción y a ratificar sus dichos ante el juez, insistió en la presunta extorsión de funcionarios para pagos relacionados a la política. No convenció a Bonadio que apila testimonios idénticos por parte de la primera tanda de arrepentidos, que quedaron en offside al ser mencionados en la declaración del extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner como integrantes del sistema de cartelización de la obra pública y pago de retornos a cambio de licitaciones. Anoche, Gabriel Romero de EMEPA (Hidrovía) inició sus tratativas para sumarse al colectivo que ya suma 9 empresarios (con tres en gateras), Uberti, y el exchofer. José López se negó a declarar ante Bonadio acusado de ser otra de las patas de posible recaudación, tras hacer un acting en su propio juicio sobre revelar el origen de sus bolsos con casi u$s9 millones. En tanto, el senador Fernando Solanas salió ayer a denunciar a los empresarios por evasión fiscal y lavado de dinero por los fondos que habrían destinado o bien a sobornos, o a financiar ilegalmente la campaña.
El cuadro explosivo e imprevisible lo completó el abogado del auditor general Javier Fernández. Presentó un escrito deslizando que el espía Antonio "Jaime" Stiuso podría haber "pergeñado" una operación de inteligencia detrás de esta causa para sacar de escena a Fernández, y apuntó a una supuesta amistad de Bonadio y Stornelli con el exhombre fuerte de la SIDE.
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