UCR arma foto de unidad y pide debatir el decreto de La Rural

El apoyo del radicalismo a la marcha que organizaron Hugo Moyano y la CTA opositora a la Plaza de Mayo tuvo sus secuelas dentro de la UCR. Más allá de la oposición de algunos dirigentes a esa participación, como el caso de Eugenio «Nito» Artaza, se consideró en parte de la conducción que hubo sobreexposición al acercamiento con Moyano.

Pero nada parece haber llegado al límite de precipitar rupturas. Esta semana, tras la Navidad, habrá brindis y despedidas del año variadas en el radicalismo y en todas ellas se organizaron fotos de unidad y concordia, para dejar atrás ese mal trago, según algunos, que se vivió en la Plaza de Mayo. Una de ellas será el miércoles, cuando todas las cabezas se unan para brindar, junto con parte de la oposición.

Líneas básicas

Por eso los radicales se enfrascaron el fin de semana en marcar las dos líneas básicas que mostraron su mayor separación del Gobierno durante el verano: la decisión de avanzar sobre el decreto de Carlos Menem por el que se vendieron a la Sociedad Rural las tierras del predio de Palermo y el análisis de la situación social, teniendo a la vista los saqueos del viernes pasado.

Ricardo Gil Lavedra, por ejemplo, avanzó por lado legal contra el decreto de Cristina de Kirchner anunciando que habrá pelea en el Congreso por ese tema.

«La decisión del Gobierno nacional de anular la venta del predio de La Rural, con base en el procesamiento de exfuncionarios por parte de juez federal, resulta claramente arbitraria e ilegal», dijo sin preocuparse por definir cercanías o lejanías con la SRA.

«No existe una declaración de certeza acerca de la ilegalidad de la transferencia, sino una mera probabilidad. Se debió esperar al dictado de una sentencia definitiva en sede penal, o recurrir a un juez para que éste declare la nulidad luego de tramitar un proceso legal», describió Gil Lavedra, «pareciera una acción confiscatoria, no una medida regular de la administración».

En el terreno de la legalidad del decreto presidencial, el radicalismo quiere marcar algunas diferencias: «Sin perjuicio de que un DNU sólo puede ser dejado sin efecto por una ley del Congreso, el Gobierno no hace otra cosa que seguir sembrando inseguridad jurídica», dijo Gil Lavedra.

Esto significa que la UCR considera que el decreto de Menem tiene hoy fuerza de ley y por lo tanto no puede el Gobierno declararlo nulo por otro mero decreto, sino que debería apelar a una ley del Congreso o un pronunciamiento de la Justicia.

La segunda bandera de la oposición será la situación social: «el Gobierno debe garantizar igualdad social y convivencia pacífica. La Presidente debe hacerse cargo de la seguridad de los argentinos. Hay muchísimas personas que tienen problemas económicos, sociales y de integración en la sociedad, no se puede esconder», dijo el fin de semana Mario Barletta, presidente del Comité Nacional de la UCR.

Unificación

Los radicales unificaron posición con el PRO, la Coalición Cívica, el peronismo disidente y el FAP para pedirle al Gobierno que no distribuya acusaciones a la oposición por los saqueos: «Todas las energías del Estado deben estar puestas en encauzar a la población por el camino de la paz. Los enfrentamientos estériles, la soberbia, el choque, la división entre amigos y enemigos, y el encubrimiento de funcionarios que saquean al Estado, se trasladan a la sociedad», dijo Barletta en un comunicado el fin de semana.

El mendocino Ernesto Sanz fue directo al tema: «El Gobierno pretende resolver el tema de los saqueos y la violencia, no puede hacer un torneo de acusaciones. Esto requiere algo mucho más serio que buscar culpables».

«Muchos de los chicos que vemos participar de los saqueos no estudian ni trabajan. La cifra de quienes han abandonado los estudios es cercana al millón, estadísticas oficiales negadas por el propio Gobierno. Esto es su responsabilidad pero vemos sorprendidos que prefiere seguir con el relato ocultando bajo la alfombra toda la mala praxis de su gestión», relató Sanz.