- ámbito
- Edición Impresa
UCR presentó denuncia para frenar DNU en la Justicia
La denuncia que presentó ayer la UCR contra el decreto que habilita usar las reservas del Banco Central.
En medio del cimbronazo que provocó el pedido de renuncia que Cristina de Kirchner le comunicó a Martín Redrado, el titular de la UCR, Ernesto Sanz, inició junto con el jefe de la bancada de ese partido, Gerardo Morales, y el diputado Ricardo Gil Lavedra, una acción de amparo «contra el Decreto N° 2.010/09 y se declare la inconstitucionalidad, en resguardo de los derechos de los ciudadanos y de las provincias».
Facultad
Esa presentación recayó en el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, y la medida cautelar será llevada por la jueza federal Nº 11, María José Sarmiento, perteneciente al mismo fuero. Las denuncias se presentaron poco antes de que Morales y Sanz se reunieran con el presidente del Banco Central, quien por el momento se niega a retirarse del cargo (ver aparte).
En el escrito se subraya la facultad exclusiva del Congreso Nacional para «establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda», así como de «hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras», según estipula la Constitución nacional.
Sobre la base de estos argumentos, la presentación destaca que «la modificación de las facultades del Banco Central por el Poder Ejecutivo implica una alteración de la arquitectura constitucional establecida para el cumplimiento de un deber que el constituyente ordenó al Congreso», y agrega esa alteración implica «una lesión y restricción, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de derechos y garantías constitucionales citados y de la ley orgánica del Banco central de la República Argentina».
Además de sostener que el DNU dictado para crear el Fondo del Bicentenario viola las facultades del Banco Central, el escrito de la UCR afirma que el Ejecutivo «evitó deliberadamente que las cuestión pudiera tratarse por el procedimiento parlamentario ordinario», así como el Decreto 2.010/09 «no es de necesidad ni urgencia». Esto se debe a que en el Presupuesto Nacional 2010, votado a fines de noviembre de 2009, están previstas las partidas y los recursos suficientes para pagar los vencimientos de la deuda pública de este año, según destaca el escrito.
Peligro
Otro de los aspectos centrales de la presentación es que subraya el «peligro en la demora» del trámite, ya que «ya se han generado actos administrativos de aplicación de la norma cuestionada». Por eso, el UCR solici-ta también que se habilite la feria judicial para tratar tanto la acción de amparo como la medida cautelar. La segunda pide que se suspenda de manera provisoria la aplicación del decreto cuestionado «hasta que se reúna el Congreso de la Nación», mientras que el amparo apunta a resolver la cuestión de fondo.
En este sentido, los argumentos de la UCR están en la línea del amparo impulsado por la provincia de San Luis ante la Corte Suprema de Justicia, respecto del cual el Ejecutivo debe presentar un informe en los próximos días. La diferencia radica en los plazos: de ser aceptada, la medida cautelar podría suspender hoy los efectos del decreto, mientras el amparo de San Luis será resuelto recién después de la feria judicial, según estableció el máximo tribunal. Para entonces, el DNU ya podría haber entrado en acción.
Otras denuncias se sumarán en los próximos días contra el polémico DNU: el diputado y titular de Proyecto Sur, Fernando Pino So-lanas, ya anunció que la semana que viene presentará una demanda penal contra Cristina de Kirchner y Amado Boudou por los supuestos delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta. Probablemente, no sea el único.


Dejá tu comentario