UIA pide veto a polémica ley

La Unión Industrial Argentina (UIA) apunta a que el Gobierno vete un controvertido artículo de una ley recientemente sancionada por el Congreso, que -según la central fabril- provocará un aumento en la industria del juicio y enormes perjuicios a las empresas, en especial, las pymes.
La entidad protestó ayer en un comunicado por el creciente número de proyectos e iniciativas provenientes del sector gremial que, según la entidad, «afectan negativamente al empleo». La central fabril emitió un comunicado en el que manifiesta su «preocupación por el avance de proyectos que afectan negativamente la producción y el empleo».

Preocupante

En diálogo con este diario, Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y miembro de la conducción de la UIA, explicitó cuáles son los proyectos y las medidas que le quitan el sueño.
«Hay un artículo de la Ley 26.428, sancionada por el Congreso, que establece el principio de 'in dubio pro operario' (en caso de duda, se debe fallar a favor del trabajador) no sólo en el proceso, sino en las pruebas presentadas. Eso recorta tanto las facultades de los jueces que ya no tendría sentido el proceso judicial: prácticamente se verían obligados a fallar siempre a favor del empleado», dice. El proyecto fue presentado por Héctor Recalde, diputado por la CGT, y ahora los empresarios están pidiéndole al Gobierno que vete el polémico artículo. ¿Con qué resultados? «No lo sé», admite Funes de Rioja. «Sería un veto razonable, porque seguiría dejando en manos de los jueces la resolución de los conflictos laborales, y los magistrados del foro laboral suelen fallar 'pro operario'».
Otra de las medidas que desvelan a la UIA es la ley sancionada por la Legislatura de Santa Fe, que prohíbe los despidos masivos. Además, habría una segunda iniciativa que también impediría a los empresarios despedir ni siquiera un trabajador; en caso de hacerlo (aun con causa justificada), pueden ser citados por la autoridad, y en caso de insistir, se les aplicarían sanciones económicas. Esta ley podría ser emulada a nivel nacional, propuesta que surgió en un reciente foro de ministros de Trabajo de todo el país.
En su comunicado, la UIA afirma que los proyectos, «bajo el argumento de defender a los trabajadores en estos momentos de crisis internacional, no hacen sino profundizar su impacto en nuestro país y desalentar el mantenimiento del empleo existente, la creación de nuevo empleo registrado y el desarrollo de nuevas empresas». «¿Es inconstitucional prohibirle a un empresario elegir quién trabaja en su firma y quién no? Yo creo que no hay ninguna duda, pero también es un hecho que los juicios duran cinco años, y cuando llega el fallo la empresa puede haber desaparecido. Nos pasó en muchos casos con las demandas por la doble indemnización, que recién ahora están saliendo», explica Funes de Rioja.

Condena

«Si a un empresario se le corta la cadena de pagos, no tiene más remedio que suspender personal o incluso despedir, porque no puede pagarles el sueldo. Obligarlo a mantener el personal intacto es condenar a la empresa a la quiebra, con la desaparición de todos sus puestos de trabajo». El experto aconseja «que el Gobierno ayude a todos los sectores con capacidad de reactivarse, y a los trabajadores debe darles un buen seguro de desempleo y la capacitación para reconvertirse en un empleado con capacidad de reubicarse».
Funes de Rioja da el ejemplo del sector de la construcción en España, que -según todos los observadores- estará «muerto» al menos por cinco años. El Estado español está intentado reentrenar a esa fuerza laboral y derivarla a sectores que puedan requerir mano de obra. «Nadie sabe cuánto durará esta crisis, pero es un hecho que al menos se extenderá durante el primer semestre del año próximo; de ella saldremos con nuevas realidades que tanto el trabajo como el empresariado deberán enfrentar», agrega el abogado.