Un cambio en la ley del mercado rompió acuerdo con la oposición

La armonía que reinó en el debate de la nueva ley del mercado de capitales en Diputados estalló ayer en el Senado durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se emitió, en trámite exprés, el dictamen de esa norma para que se convierta en ley el próximo jueves.

El problema no nació en esa cámara, sino en Diputados: al final del debate, el miércoles a la tarde, Roberto Feletti, jefe de Presupuesto, anunció la introducción de una última modificación. En el artículo 20 se agregó, en realidad por indicación del Gobierno, una nueva facultad a la CNV por la que cuando se vulneren los derechos de accionistas minoritarios o tenedores de títulos valores, la CNV podrá designar veedores en las empresas con poder de veto o directamente remover a los órganos de administración. Todo sin intervención judicial alguna y con posibilidad de apelar sólo ante el ministro de Economía (ver nota aparte).

Está claro que una medida así, que implica un poder de intervención casi absoluto sobre empresas cotizantes y mercados, no puede realizarse en la actualidad si no es mediante la orden de un juez en el trámite de una causa.

También es obvio que esta modificación, la más polémica de todas las planteadas, no estuvo acordada con la oposición cuando se negoció en Diputados la votación de la ley. En todo caso, sólo llegaron a oponerse al artículo propuesto por Feletti y votarlo en contra.

Pero en el Senado los radicales no sólo reaccionaron, sino que anunciaron la ruptura del acuerdo con el kirchnerismo y arrastraron a la oposición en contra del proyecto. «Estamos frente a una nueva trampa del Gobierno», dijo Gerardo Morales en Presupuesto y Hacienda oponiéndose esta vez al dictamen que el kirchnerismo apuró sin la presencia de Hernán Lorenzino, invitado al acto, pero ausente en medio del conflicto por el fallo del juez Thomas Griesa.

La definición de la oposición terminó con la paz y quizá obligue a Miguel Pichetto a reunir en soledad el quórum el próximo jueves. Ernesto Sanz planteó después la cara más dura de este cambio: «Esto afecta derechos y destruye toda intención de mejoramiento de la oferta pública», dijo. Está claro que no será lo mismo comprar acciones de una empresa que esté siempre a tiro de intervención sin estar la Justicia de por medio.

Rubén Rabanal